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Tras ocho años de investigación, el caso IBM-Banco Nación, uno de los más emblemáticos de la administración menemista, fue elevado a juicio oral y público. Aldo Dadone y Juan Carlos Cattáneo estarán en el banquillo, acusados de cohecho y administración fraudulenta, no así sus referentes políticos. En una de sus recordadas frases, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que ponía las manos en el fuego por el primero, que presidía el Banco. Y el segundo se desempeñó como número dos de la Secretaría General de la Presidencia, cuando Alberto Kohan ocupaba ese sillón. Tal como ordenó la Cámara Federal y Página/12 anticipó en mayo, los fiscales Carlos Cearras y Pablo Recchini presentaron ayer la elevación a juicio de la causa en la que calificaron a la contratación celebrada entre el Banco y la Big Blue como una “maquinación perfectamente ideada para lograr obtener ilícitas ganancias, generando un verdadero perjuicio a la entidad bancaria y consecuentemente al Estado nacional”.
Atrás quedó el suicidio de Marcelo Cattáneo (hermano de Juan Carlos), los cheques por cifras exorbitantes a nombre de empleados de pizzerías, profesores de educación física y hasta personas fallecidas, dos atentados contra el periodista que descubrió el caso, y los cuatro millones y medio que el ex juez Adolfo Bagnasco logró repatriar desde Suiza y que están depositados en el Banco Ciudad.
El expediente de casi 100 cuerpos se inició el 18 de mayo de 1994 con la denuncia presentada por Santiago Pinetta, autor del libro La Nación Robada, en cuyo capítulo IV describió la contratación directa de la consultora Deloitte & Co. para la “pre-implementación del plan informático” para equipar las 525 sucursales del Nación, y la posterior tramitación del denominado “Proyecto Centenario” mediante una licitación “plena de irregularidades”, en la que resultó adjudicada “con un posible favorecimiento” la empresa IBM Argentina. La licitación, en la que sólo presentaron su oferta dos empresas, fue adjudicada el 17 de febrero de 1994 a IBM, que cotizó 249.997.845 pesos y subcontrató a las firmas Consad, Hogan System, Itron, Availability y C.C.R. para la provisión de diferentes insumos de software y hardware. A pesar de la existencia de varios casos similares, IBM-DGI, Santa Fe, Mendoza, Avellaneda, nunca tuvo eco en Tribunales la propuesta de Pinetta de investigar a los imputados como miembros de una asociación ilícita.
“A consecuencia de la investigación judicial, se detectaron diversos ilícitos que permiten afirmar la existencia de un direccionamiento en la licitación, pago de sobreprecios y el pago de sobornos a funcionarios del directorio del Banco de la Nación Argentina, por lo menos a cinco de ellos”, escribieron los fiscales. Uno de los hitos de la pesquisa fue la investigación de la DGI, desarrollada por los inspectores Carlos María Bo y Ana Karina Romero, quienes a raíz de una inspección por el negocio IBM-Pinkwas-Kenya, revisaron a los proveedores de IBM y constataron la existencia de una factura por 37 millones emitida por un solo proveedor, denominado Capacitación y Computación Rural (C.C.R.), para la provisión de un software denominado S.B.L. destinado al Proyecto Centenario. El S.B.L “resultó ser un verdadero camuflaje para cubrir la salida de flujos de dinero que tenían una finalidad espuria”, precisaron Cearras y Recchini. Los inspectores visitaron las oficinas de C.C.R. y verificaron una insignificante infraestructura que no guardaba relación con los montos facturados. Y se encontraron con Juan Carlos Cattáneo, en ese momento subsecretario general de la Presidencia, quien si bien no figuraba en el directorio de C.C.R. oficiaba de titular de esa empresa. Detectaron facturas emitidas por distintos proveedores no relacionados con la informática y en algunos casos se trataba de personas inexistentes o que no tenían razón alguna para recibir las sumas que habían facturado.
Los fiscales dieron por probado que “recibieron dinero los imputados Contartese, Aldaco, Gaggero, Mario Dadone y Aldo Dadone”, pero no descartaron que otros directores hayan participado. “Lo cierto es que de los 37 millones que implicaba la supuesta provisión de C.C.R., sólo se pagaron 21 de los cuales pudieron detectarse en cabeza de funcionarios aproximadamente unos 5 que fueron depositados en las cuentas de Suiza. El resto del dinero, que se canalizó a través de salidas en efectivo y en transferencias a otros destinos, es probable que haya sido asignado a un beneficio extra y en perjuicio del Banco que debió afrontar dicho pago”, describieron Cearras y Recchini. Entre abril de 1994 y septiembre de 1995 el Nación llegó a pagar a IBM casi 98 millones de pesos.
Antes de aparecer ahorcado en Ciudad Universitaria, Marcelo Cattáneo entregó al diputado Guillermo Francos documentación que daba cuenta de pagos injustificados a empresas vinculadas con IMPSAT y TTI. “Lamentablemente, Francos acompañó esos elementos con posterioridad a que se produjera la muerte de Cattáneo, en circunstancias por demás extrañas, porque de ese documento se derivan supuestas relaciones entre proveedores y empresas del proceso licitatorio que podrían echar luz sobre los verdaderos destinatarios de ciertos pagos”, dice el dictamen. Queda pendiente la investigación sobre el destino final del resto del dinero de las coimas. El proceso oral y público tendrá lugar durante el 2003.
La causa llegó a tener 58 imputados y aún está sin resolución la apelación de los sobreseimientos de algunos directores del Nación. Cearras y Recchini recordaron la participación de los funcionarios de la casa matriz de la Big Blue, Steven Lew y Peter Rowley, que en principio figuraban como imputados pero terminaron declarando como testigos en Estados Unidos. Y apuntaron que resultó “fundamental” la intervención del Banco General de Negocios (BGN) de los hermanos Rohm en el inicio de la ruta de la coima.
Aunque el año próximo serán enjuiciados menemistas y cavallistas, en las 225 carillas del dictamen Alberto Kohan no fue mencionado y Domingo Cavallo aparece una sola vez, porque aportó un dato que permitió descubrir parte de la ruta de la coima. En definitiva, el proyecto de informatizar al mayor banco estatal del país terminó con “un estrepitoso fracaso, una escandalosa pérdida y sin obtener la tan ansiada modernización”, concluyeron los fiscales.