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Hasta anoche, en medio de un estricto secreto, habían declarado cinco de los 17 detenidos –ayer se sumó a la nómina un hombre dedicado a la venta de teléfonos celulares– acusados de haber participado en el secuestro y homicidio de Diego Peralta. Para agregarle un poco más de confusión a un caso de por sí controvertido, uno de los investigadores, el jefe del Grupo Especial Antisecuestros, Angel Casafús, y el propio titular de la Bonaerense, Alberto Sobrado, insistieron en decir que “ya está todo esclarecido”. La opinión ni siquiera fue compartida por las autoridades políticas de la provincia: “El caso no está cerrado porque no hubo sentencia ni condena y los detenidos no necesariamente tienen que ver con la autoría material” del hecho, salió a aclarar el viceministro de Seguridad, Marcelo Sain. Ayer, los familiares de muchos de los detenidos se reunieron frente al juzgado para asegurar que los que están presos “son inocentes”. Hasta la mamá de Peralta, Emilse Silva, salió a refutar a Casafús: “Acá están encubriendo algo”, dijo la mujer.
Como es habitual en él, el juez Carlos Ferreiro Pella instauró el estricto secreto del sumario y la única señal que dio fue a través del fallo por el cual le dictó la prisión al primer detenido que tuvo la causa, José Pablo García, quien está en prisión desde el 2 de agosto pasado, antes de la aparición del cadáver de Diego Peralta. A García le tiraron el Código Penal por la cabeza: lo acusaron como partícipe en el delito de “secuestro extorsivo seguido de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía”. Su abogado defensor, Adrián Tenca, confirmó el tenor del fallo, pero dijo que todavía no leyó los argumentos. “Hay que ver qué pruebas tiene el juez, porque hasta ahora sólo había tres llamados telefónicos que podrían indicar que hubo tentativa de extorsión” a Luis Peralta, el papá de Diego, con quien se había comunicado García para ofrecerle datos sobre el paradero del joven a cambio de dinero.
En los operativos realizados el sábado participó personal de la Gendarmería, que secuestró distintos elementos que estaban en los domicilios allanados en las villas Luján y El Monte Matadero, ambas de la zona de Quilmes. Ahora se realizarán pericias para determinar si existe algún elemento que confirme la presencia de Diego en esos lugares. Por lo demás, la Gendarmería también está analizando las escuchas telefónicas tomadas en la casa de los Peralta durante el período en que duró su desaparición, desde el 5 de julio hasta el 12 de agosto, cuando el cuerpo apareció en una tosquera de Ezpeleta. Se escuchan tres voces diferentes. Una sería la de García.
En el juzgado de Ferreiro Pella, en Lomas de Zamora, declararon ayer los acusados Héctor Silva, Javier Ayala, Ignacio Aguilar, Horacio González y Néstor García. La abogada Verónica López Jalil, defensora de González y de Nacho Aguilar, confirmó que ambos declararon ser “totalmente ajenos a los hechos” y se limitaron a informar al juez sobre sus actividades laborales. González admitió que tenía relación personal con otro de los detenidos, conocido como “Chelo” o “Marcelo”. “Ellos tienen 21 y 22 años y viven en la misma manzana de un barrio de Quilmes, pero son ajenos al caso”, insistió la abogada. Según ella, el único elemento que señala a sus defendidos es “un escrito de los policías que investigaron el caso”.
El abogado Pedro Sturtz, que representa a los detenidos Pablo y Javier Ayala y a Héctor Silva, dijo que sólo dos de ellos pudieron declarar. “Pablo Ayala quedó para mañana y es lo único que puedo confirmar por ahora”, se excusó Sturtz, quien admitió que sus defendidos están imputados por el secuestro y el homicidio, igual que García. El viceministro Sain salió ayer a frenar el optimismo expresado en sus declaraciones públicas por el comisario Casafús, de la brigada Antisecuestros.
“Los detenidos no están imputados de ningún tipo de responsabilidad. El caso no está cerrado, no hubo sentencia ni condena”, recordó Sain. El funcionario insistió en que las detenciones del fin de semana “no necesariamente tienen que ver con la autoría material del hecho”. Su mesura chocó con el optimismo desbordante del comisario Sobrado: “Esta investigación es un éxito de la policía y de la Justicia”, afirmó el jefe policial. Tanto él como Casafús siguieron negando que el sargento Miguel Angel Giménez y un oficial estén presos por el caso Peralta. Si no lo están, ¿por qué cayeron junto con la banda sospechada por el crimen? Un misterio sobre el cual la Bonaerense, por ahora, mantiene en reserva.