Las organizaciones y personalidades que solicitaron al Consejo de la Magistratura la remoción del juez Sergio Torres –a cargo de la causa ESMA– y de Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, jueces que integran el Tribunal Oral Federal (TOF) número 5 que llevó adelante el juicio oral contra Héctor Febres hasta que éste fue asesinado, concurrieron a ese organismo para solicitar dos nuevas medidas.

Quieren que los consejeros pidan al Ministerio de Defensa una copia de la contestación remitida por el almirante Jorge Godoy al pedido de explicaciones que le realizó la ministra Nilda Garré sobre los traslados de Febres a Azul, donde “Godoy indicó que el traslado de Febres a esa dependencia fue ordenado por el juez Torres”. Las organizaciones de Justicia Ya! pidieron que se tome declaración testimonial al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, para que informe sobre el tratamiento que le dio a la denuncia que recibió en julio de 2007 sobre las condiciones privilegiadas de detención de Febres. Tres meses después, Duhalde envió la denuncia al juez Torres y éste se limitó a preguntarle al jefe del Destacamento Delta de la Prefectura, Rubén Iglesias, hoy procesado por el asesinato de Febres, acerca de la veracidad de la denuncia, dando por concluido el trámite cuando Iglesias respondió que los dichos eran falsos.

Hace dos semanas habían requerido que el Consejo tenga copia del procesamiento de la jueza Sandra Arroyo Salgado, porque consideran que el fallo muestra con claridad “la responsabilidad de los jueces”. También transcribieron párrafos en los que la magistrada describe viajes y banquetes que, según el jefe de la Armada, eran permitidos por el juez Torres. Justicia Ya! también resaltó que la jueza señala en su fallo que al comienzo del juicio oral las querellas solicitaron que se envíe a Febres a una cárcel común, a lo que el TOF 5 se negó. “Durante el año en que estuvo a cargo de Prefectura Zona Delta, ningún funcionario del Tribunal Oral número 5 ni del juzgado federal número 12 había concurrido a controlar las condiciones de alojamiento de Febres”, reconstruyó la jueza sobre los dichos del prefecto Iglesias, hoy reemplazado por el prefecto Gustavo Koplin, que comandó en diciembre último la represión a los trabajadores del Casino de Buenos Aires.