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La conspiración forma parte central de la política argentina. Cuando no existe, se sospecha de su existencia, o se la inventa, para explicar conductas de propios y ajenos. El despropósito tiene su punto más alto cuando a partir de ella se inicia una causa judicial, que obviamente no conduce a otro lugar que no sea desligar de responsabilidades a quienes, por ser funcionarios, están involucrados en hechos tan graves como la masacre que les costó la vida a los jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el Puente Pueyrredón. Tomando como base un informe de la SIDE en tiempos en que la comandaba el rionegrino Carlos Soria, y que comentaba la existencia de un “complot destinado a derrocar los poderes constituidos”, Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia de Eduardo Duhalde, realiza la denuncia judicial contra los movimientos piqueteros, expediente que instruyó el juez federal Norberto Oyarbide y que obviamente quedó en la nada.
La presentación judicial iba en la misma línea que las declaraciones formuladas por los principales funcionarios del duhaldismo los días previos a la matanza de Kosteki y Santillán. Dichos que alimentaron el brutal accionar policial. Políticos, funcionarios y periodistas que escribieron sobre la existencia del supuesto complot desfilaron como testigos por el despacho de Oyarbide. Frente al magistrado, luego de que se conoció la verdad de los hechos, Vanossi deslizó que “no había tenido intención de hacer una denuncia”. Los diarios de la época dan cuenta de que Vanossi “elaboró el escrito tras permanentes consultas telefónicas con Duhalde, y de frenéticas reuniones en la Casa Rosada, con el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof; el ministro del Interior, Jorge Matzkin; el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, y el jefe de la SIDE, Carlos Soria”.
Citado sin tamizar por el diario La Nación, en la edición del día siguiente a los fusilamientos de Kosteki y Santillán, el informe de inteligencia “apunta a las agrupaciones piqueteras Corriente Aníbal Verón y Movimiento Teresa Rodríguez. Y dentro de ellas, estarían identificados activistas vinculados con el representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Javier Calderón, entre otros grupos revolucionarios”. Más allá del paper, el diario de los Mitre aseguraba que, “según Soria, existe un plan de acción que busca el manejo de los planes sociales y, como apuesta máxima, la caída de Duhalde”. El ex titular de los espías también aventuraba que “el plan duraría quince días y que terminaba con la toma de la Plaza de Mayo, después de varios días de violencia”.
La difusión del informe de inteligencia abonaba la versión oficial de que “los piqueteros se mataron entre ellos”. Argumento que se demostró falaz, tan sólo un día después, cuando Página/12 y Clarín ilustraron sus portadas con las fotografías que incriminaban a los policías de la Bonaerense. El temerario trabajo de la SIDE alimentó las declaraciones de que “(los cortes de ruta) son un acto irracional” que “contribuyen al caos”, realizadas por Atanasof dos días antes de la protesta en el Puente Pueyrredón. Como un calco de los argumentos de los espías, Atanasof no dudó en preguntarse frente a los medios: “Qué fines persiguen los dirigentes (piqueteros)”. Sólo la catarata de otros hechos violentos, la seguidilla de otros disparates, puede hacer olvidar lo que tan nítidamente aparece en los diarios de la época. Tan sólo se trata de saber leer.