La marcha del enfrentamiento de los productores agropecuarios con el Gobierno, como no podía ser de otra manera, estuvo presente en las charlas informales entre los funcionarios que acompañaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a su viaje a Roma, donde, además, el ámbito –la FAO– y el motivo de la visita –hablar de la crisis de los alimentos– daban un contexto apropiado al debate.

Según comentaron integrantes de la comitiva a PáginaI12, la Presidenta no pierde la calma con el tema. “Está segura de lo que hace. Quiere volver al diálogo con los ruralistas, pero no a cualquier precio. Porque sostiene que lo que se discute es cómo se distribuye la renta. Que los tipos tienen ganancias fabulosas, como nunca han tenido y que el Gobierno además los subsidia. Y que las medidas que pedían se las dimos. Más no se va a ceder, porque iría en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos”, explicaba un legislador que conversó del tema con la Presidenta.

Entre ministros y legisladores pudo observarse muchas coincidencias, pero también algunas diferencias sobre el tema. En lo que estaban de acuerdo, por ejemplo, era en que las detenciones del viernes pasado a ocho productores agropecuarios en San Pedro fue un hecho muy negativo para el Gobierno. “Las 20.000 personas que juntaron en Armstrong el lunes se lo debemos al fiscal”, ironizaba un diputado. Y en la mesa de café, mientras esperaban en el aeropuerto para partir de regreso a la Argentina, se armó el debate sobre si la medida fue tomada intencionalmente para perjudicar al Gobierno o si el fiscal que ordenó las detenciones quiso congraciarse con la Casa Rosada equivocadamente y fuera de tiempo. La mayoría sostenía la primera opción.

Las diferencias se dieron, sobre todo, en torno de qué valor tenía la presunta división entre los dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias que llevan adelante la disputa. Había acuerdo en la diferencia de intereses que existe entre ellos, pero varios sostenían que estaban unidos por un interés superior: “Angurria por mayores ganancias”. En cambio, no había punto de discusión sobre el componente ideológico que también sustenta el lockout y que busca discutir el modelo económico.

En la delegación también había técnicos agropecuarios del Gobierno que participaron en la Conferencia de la FAO que conocían el problema desde adentro, porque, en general, son personas que vienen del campo y conviven con los productores agropecuarios. Uno de ellos reflexionaba: “El productor agropecuario es básicamente individualista. En general, quiere que le vaya bien a él y lo demás no le importa. Y si todavía sostiene la protesta es por dos razones: una, la principal, porque tienen suficiente resto económico para estar tres meses sin trabajar y mucho más también. Y el otro es porque políticamente son gorilas, no se sienten cómodos con los gobiernos democráticos y, en especial, si ese gobierno les toca el bolsillo”. El técnico explicaba además que los piquetes en la ruta se pueden sostener mucho tiempo porque la mayoría de los que están allí ya no son productores rurales. Alquilaron sus campos a los pooles de siembra y no los trabajan. “Son los hijos de los viejos productores, que ahora tienen 30 o 40 años, que ganan fortunas, y no tienen nada que hacer con el tiempo libre. Es un problema social que se da en el campo”, añadía.

De las charlas en Roma con la Presidenta, a los integrantes de la comitiva les quedó claro que el Gobierno apunta a retomar el diálogo cuando todo se calme y mientras tanto esperar que a la protesta de los ruralistas le llegue una natural expiración, sin volver a darles excusas para puedan justificar que se reavive.