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“Parece realmente increíble que en un país con millones de desocupados y con miles de personas en situación de extrema pobreza se destinen por el Ministerio de Economía la suma de 228 mil pesos por año a conseguir ‘información parlamentaria’ que es pública y de inmediato acceso para cualquier funcionario de dicho ministerio sin costo alguno.” Con estas palabras, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y Jorge Remes Lenicov por malversación de caudales públicos a raíz de la contratación de los servicios de Carlos Bercún. La acusación alcanza también al lobbysta y quedó radicada en el juzgado de María Servini de Cubría.
Marijuán consideró que “no se entiende cuál es el justificativo legal para que el Ministerio de Economía haya delegado en la empresa CB o en Carlos Bercún la necesidad de procurar dicha información legislativa cuando cuenta con un departamento de Asuntos Jurídicos o uno de Relaciones Institucionales dentro de su organigrama, donde hay funcionarios sobradamente capacitados para realizar dicha gestión”. Y dio por supuesto que en el ministerio trabajan personas capacitadas en derecho, ciencias políticas y otras carreras afines que “podrían haber sido designados para cumplir idénticas funciones que las que brinda la novedosa consultora, con el mismo salario que se les paga lo cual hubiera evitado dicha erogación”. El fiscal destacó que Bercún al tiempo de trabajar en el Ministerio de Economía cumplía con dicha tarea y ahora “se le paga por lo mismo una suma mucho mayor a la que seguramente cobraba en esa repartición pública”.
Pero esta no es la única denuncia generada por el nuevo escándalo de coimas en el Senado. En una nueva versión del enfrentamiento entre peronismo e imperialismo anglosajón, representantes de bancos extranjeros fueron denunciados ante la Justicia federal por el supuesto delito de propiciar sanciones contra el Estado argentino. El motivo de la acusación, radicada por el abogado Juan Carlos Iglesias, se relaciona con una supuesta gestión de los banqueros Manuel Sacerdote, Carlos Giovanelli y Emilio Cárdenas, de los bancos Boston, Citibank y HSBC, respectivamente, ante las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido para demorar un eventual acuerdo del gobierno y el FMI. Así lo relató el diario británico Financial Times en artículos aparecidos el 20 y el 30 de agosto, en los que describía que los banqueros pedían trabar la ayuda a Argentina para forzar al gobierno de Eduardo Duhalde a socorrerlos en su intención de frenar un paquete de cinco leyes que afectan los intereses de la banca extranjera. La denuncia quedó radicada en el juzgado de María Servini de Cubría, que deberá dar intervención al fiscal Gerardo Di Masi para que decida si corresponde impulsar la acción penal.