Distintas reacciones generó en los organismos de derechos humanos la acordada de la Corte Suprema para que los juicios orales sean difundidos a través de los medios, sobre todo audiovisuales. Si bien los jueces se refirieron a los procesos en general, quienes vienen bregando por la televisación son los protagonistas de los juicios por delitos de lesa humanidad en casos de crímenes ocurridos durante la dictadura.

Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que “la acordada de la Corte permite al menos la difusión radial y televisiva de los actos procesales fundamentales del juicio oral, y es genérica para todos los juicios”. A su criterio, “contribuye a garantizar el debido proceso y a legitimar la administración de justicia en nuestro país, y destacamos su importancia especialmente para los juicios de lesa humanidad en casos de terrorismo de Estado, que por su relevancia jurídica e institucional deben ser abiertos a la sociedad”. Para esta abogada del CELS, “la publicidad de estos juicios afianza la memoria y el reconocimiento de las víctimas y contribuye a reafirmar el nunca más”.

En tanto, Adriana Calvo, de Justicia Ya!, recordó que habían acudido a la Corte con una nota firmada por varios medios de prensa para exigir la televisación del juicio contra el represor Héctor Febres, y, según afirmó, les respondieron que eran “incompetentes”. Calvo opinó que la acordada es “una de cal y otra de arena”, porque “resulta fantástico que le ordenen esto a los tribunales orales, pero al mismo tiempo están casi prohibiendo a los que lo quieran hacer que se publiciten los testimonios”. La sobreviviente explicó que “eso es fundamental dado que el aporte de prueba sigue estando en nuestras manos, y ayuda a que gente que los ve pueda identificar lugares y compañeros de cautiverio, y más importante aún, a represores, y esto no es una construcción intelectual, ya ha pasado”. Aunque aclaró que entienden “la situación de algún testigo sobreviviente que no quiera que su testimonio sea televisado”, enfatizó que “hay que mostrar la cara de los genocidas si queremos condenarlos”.

Por su parte, Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, dijo que le parece “bien” la decisión del máximo tribunal. “Venimos hace tiempo pidiendo una acordada así; aunque tardó es un paso muy importante que deja bien en claro que los juicios necesitan ser públicos y difundidos en forma masiva”, afirmó el abogado. Sin embargo, apuntó que esto “debe estar acompañado de medidas de protección de los testigos”, y consideró acertada la decisión de no permitir la publicidad de los testimonios. “En general no daría publicidad a los testimonios, aun en el caso de que los testigos acuerden, porque en este país sin protección es peligroso abrir esa puerta”, opinó Yanzón.

Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, consideró que “es positivo que la Corte tenga un rol activo y Abuelas está a la espera de que empiece a tener mayor peso en cómo se organizan este tipo de procesos”. Sobre la decisión en sí afirmó que “es complicado si significa fijar un standard demasiado bajo en materia de publicidad. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que el proceso debe ser público, lo recoge el Código Procesal Penal, y en ningún lado surge no permitir la televisación de las audiencias de pruebas y testigos porque estas audiencias también son públicas, la gente tiene que tener posibilidad de comprender la integralidad del juicio, y restringirlas significa ubicarse por debajo del standard constitucional”. Iud agregó: “La única restricción debe ser el riesgo de algún testigo o algún elemento del debido proceso, como puede ser que los testigos no conozcan sus testimonios entre sí, pero que no se aplica para estos casos, y si hay un problema de seguridad debe ser resuelto por cada testigo. Para algunos puede ser muy valioso que su testimonio sea conocido por la sociedad”.