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–¿Qué relación existe entre la investigación Alumbrera y los pedidos de destitución en su contra?

–Los pedidos de destitución no son casuales, están vinculados con la causa Alumbrera. El procesamiento del vicepresidente de Alumbrera era algo cantado en febrero de este año y las denuncias en mi contra son posteriores. El secretario general del gremio judicial, Julio Piumato, me acusa de presionar a mis empleados. Es una gran mentira, y eso se traslució cuando los empleados le expresaron al procurador general y al propio Piumato que todas las aseveraciones que hacía Piumato eran absolutamente falsas. El otro pedido de destitución que tengo es por hacer investigaciones, así de ridículo. Es el caso de Miguel Gordillo, un empresario acusado de evasión que me denuncia por investigar, literal: me denuncia porque no le giré la causa a un fiscal. Y pide mi destitución por eso. Es cierto que como fiscal de Cámara no tengo obligación de hacer investigaciones preliminares, pero sí tengo el derecho.

–¿Cómo repercutieron esos pedidos de destitución?

–Coadyuvaron a que no realice más investigaciones preliminares. Además, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmó una resolución en 2007, la 121, en donde reguló las investigaciones preliminares, acortó el plazo de la investigación a 60 días y a los fiscales de Cámara sólo nos dejó el rol de controlar a los fiscales de primera instancia. Todo esto no ayuda a hacer investigaciones preliminares. Todo jugó muy en contra porque en Tucumán llevábamos más de cien causas de contaminación ambiental, investigamos ingenios, citrícolas, mineras, hospitales, frigoríficos, basurales y sanatorios.

–Pero no tiene prohibido realizar investigaciones preliminares.

–El procurador general no me prohibió las investigaciones, pero no desestimó las denuncias falsas que hay sobre mí y limitó el tiempo de las investigaciones. Los pedidos de destitución y el avance de esas denuncias me han llevado a no realizar más investigaciones preliminares. Es muy doloroso tratar de cumplir una función que no me es obligatoria y no contar con un respaldo concreto y efectivo de mi superior jerárquico. Hay que tener presente que un axioma que corre por Tribunales dice “si vos querés planchar a un magistrado activo, empapelalo a denuncias y demorale los trámites”. El Consejo Evaluador, que evalúa las denuncias en mi contra, consideró que hay motivos para hacerme un sumario. Estamos cerca de que me suspendan en el cargo y hagan un jury de enjuiciamiento. No cuestiono que se me investigue, que lo hagan, pero que por lo menos la denuncia incluya un delito, no como ahora que me denuncian por investigar.