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Los investigadores del escándalo por las nuevas coimas en el Senado piden explicaciones al Poder Ejecutivo. El juez federal Claudio Bonadío citó al vicejefe de Gabinete Eduardo Amadeo y al ministro de Producción Aníbal Fernández para que declaren como testigos en la causa. En distintas circunstancias ambos afirmaron que si se transforman en leyes los proyectos que preocupan a los banqueros el Gobierno las vetará. Por otra parte, tanto en el juzgado como en la fiscalía de Guillermo Marijuán consideraron “muy significativo” el reconocimiento de Roberto Lavagna sobre su encuentro con el lobbysta Carlos Bercún, cuyas oficinas fueron allanadas en varias oportunidades. Por eso pidieron la versión taquigráfica de la declaración del ministro de Economía en la última sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Ante la sorpresa de los presentes, Lavagna relató que el senador justicialista Carlos Verna lo invitó a una cena el 24 de junio en las oficinas que Bercún tiene a dos cuadras del Congreso. Aclaró que en ese momento no sabía que el Ministerio de Economía pagaba 228 mil pesos por año a cambio de los servicios de consultoría de Bercún, contrato que fue rescindido tras la revelación de este diario. Según el ministro, en el encuentro se discutió el programa de canje compulsivo o el canje voluntario de los depósitos acorralados por bonos. Y agregó que intentaban persuadirlo de lo beneficiosa que resultaba la variante compulsiva, tal como había planteado públicamente la Asociación de Bancos de Argentina (ABA). Lavagna admitió que en ese encuentro Bercún representaba la posición de los bancos.
“Los dichos del ministro dejan mal parado a (Mario) Vicens (presidente de la ABA)”, comentó a Página/12 una alta fuente del caso. De hecho, en su declaración testimonial Vicens había explicado que la entidad sólo realiza gestiones oficiales. Sólo reconoció que le pagan 25 mil pesos mensuales por los informes parlamentarios que elabora su consultora. Además, allegados a la ABA manifestaron a este diario que Bercún tan sólo asesora a la entidad. “No necesitamos un lobbysta para hacer llegar nuestra opinión al Parlamento”, afirmaron. En el juzgado empiezan a pensar que el representante de la banca extranjera no fue del todo preciso al describir su relación con el lobbysta sospechado. Seguramente cuando la versión taquigráfica llegue a sus manos, el juez pedirá alguna medida. Sin embargo, no llamará por ahora a Bercún porque primero quiere volver a interrogar a los banqueros Emilio Cárdenas, Manuel Sacerdote, Carlos Giovanelli y Michael Smith que participaron de la reunión con los embajadores de los Estados Unidos y Gran Bretaña en la que se mencionó el supuesto pedido de una coima para frenar una ley que perjudica sus intereses.
Amadeo y Fernández pueden optar por responder en forma escrita las preguntas de Bonadío. El juez quiere reconstruir el contexto en que se habría producido el pedido de coimas por parte de “legisladores argentinos” a cambio de frenar la llamada Ley Barrionuevo, que crearía un fondo de desempleo para el sector bancario, tal como develó el diario británico Financial Times. El corresponsal en Buenos Aires había relatado que los banqueros le pidieron a los embajadores que intenten frenar el acuerdo entre FMI y Argentina hasta que el Gobierno no se comprometiera a bloquear las leyes que les preocupaban. “Esto fue ‘hard lobby’”, le dijo un diplomático al corresponsal Thomas Catán. Todo indica que, más allá de la existencia o no del pedido de coimas, ese fuerte lobby tuvo efecto. En su segundo artículo, Catán consultó a Amadeo sobre el destino de las leyes que irritan a los hombres de finanzas. “El Gobierno no aceptará” esas iniciativas, afirmó el vicejefe de Gabinete. Algo similar afirmó el ministro Aníbal Fernández, quien en un programa de televisión adelantó que si se convierten en leyes el Poder Ejecutivo las vetará. Sin embargo, fuera de cámara el funcionario admitió que esto “es un hecho” porque formaparte de un compromiso con el FMI. Fernández explicó que cuando el organismo internacional habla de “consensos” no se refiere tanto a lo político-partidario sino más bien a la necesidad de neutralizar proyectos de leyes que, como los que están en cuestión, afectan a los intereses de la banca extranjera.