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El Gobierno no ocultó ayer su “malestar” por las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, quien cuestionó abiertamente la constitucionalidad de la pesificación. No obstante, consideró que las palabras del magistrado, si bien contienen una crítica al decreto oficial, encierran una puntual advertencia al Congreso para que le dé un marco de legalidad a la reconversión de depósitos en moneda local.
“No es una declaración que ayude, más bien lo contrario, pero esto no es un anticipo de un fallo contra la pesificación ni nada que se le parezca porque eso produciría un caos y eso lo saben todos”, evaluó uno de los funcionarios de mayor confianza de Eduardo Duhalde apenas concluida la conferencia de prensa de los miembros de la Corte.
Allí Nazareno había evitado los cabildeos cuando le preguntaron sobre la pesificación. El máximo tribunal –dijo– “defenderá a ultranza el derecho de propiedad. Si usted pesifica al que depositó en dólares, surge claramente que está afectando el derecho de propiedad”.
En la Casa Rosada imaginaban que tras haber evitado en el Congreso el juicio a los nueve miembros de la Corte, la relación de los magistrados y Eduardo Duhalde se iba a descomprimir. Pero las últimas expresiones de Nazareno no parecen colaborar demasiado para morigerar los ánimos.
“Lo de Nazareno es una lectura parcial. No hay ley que violó el derecho de propiedad. Hay una situación fáctica. El habla del derecho de propiedad de quien le dan un plazo fijo en dólares. ¿Pero al que le dieron los títulos? ¿Y la realidad de los deudores hipotecarios?”, razonó ante Página/12 un ministro en defensa del decreto de necesidad y urgencia que estableció la pesificación.
No es la primera vez que la Corte amenaza con declarar ilegítima la pesificación de los depósitos en dólares. Aunque sí hubo un cambio y un decidido cuidado en las expresiones de los funcionarios oficiales a la hora de la respuesta. Si a fin de agosto en Gobierno hablaban de la “extorsión” de los cortesanos para evitar su enjuiciamiento, ahora se limitan a señalar que incurren en una “confusión”.
“No nos gustó lo de Nazareno. Pero sinceramente no lo tomamos como un apriete al Gobierno. Lo que dijo es para que lo escuchen los legisladores del Congreso, en quienes tienen depositada su bronca. Lo que dice la Corte es: `saquen una resolución y háganse cargo del tema con una ley`”, reflexionó otro ministro de la Casa Rosada. Esa resolución sería el aval al plan de canje de depósitos en dólares por bonos.
Por estas horas, en Gobierno sacan a relucir un dato poco conocido: que al finalizar el culebrón del sepultado juicio político, los nueve miembros de la Corte sin excepción levantaron el teléfono para manifestar su beneplácito a Juan José Alvarez.
Suena verosímil: el ministro de Justicia y Seguridad los había visitado en julio en una misión conciliadora. “Voy a hacer lo posible para que el juicio político a la Corte se concluya cuanto antes. Para bien o para mal. Pero una república no puede tener a su máximo tribunal bajo ataque permanente”, dijo entonces.
Su antecesor en el cargo, y primer funcionario en el área de la administración duhaldista, Jorge Vanossi, había sido menos cuidadoso a la hora de hacer el guiño. “No se puede tirar a la Corte por la ventana”, dijo en enero en defensa del máximo tribunal.
No representó la voz mayoritaria. A principio de año, Chiche Duhalde admitió la necesidad de producir “modificaciones” en la Corte. Pero con el correr de los días las posturas y las expresiones fueron menos diplomáticas. El propio Eduardo Duhalde, después de que la Corte declaró la inconstitucionalidad del corralito y de que sus miembros presionaron para que no los enjuicien, lanzó sin medias tintas: “comenzaron a chantajearnos” Las negociaciones con el Fondo Monetario, y la necesidad de evitar el goteo de depósitos, apuraron el giro de 180 grados. Fue entonces que Duhalde ordenó dar marcha atrás en la pelea y resolver cuanto antes el conflicto ante los supuestos reclamos de “seguridad jurídica”.
El Presidente sabía que el envío de señales hacia los miembros del máximo tribunal, después de prometer prácticamente su destierro, le generaría un costo político. Por eso buscó en vano que alguno de los miembros de la Corte diera un paso al costado, en una suerte de resolución intermedia, vestida de racionalidad y recato.
Hoy la familia está unida y nadie pide la cabeza de nadie. “La relación no es la mejor pero tiene posibilidades de mejorar. Se ha destrabado uno de los elementos más conflictivos que era la amenaza del juicio político. Pero ojo que esto no significa necesariamente que ellos vayan a fallar como nos conviene a nosotros. Y lo de ayer es una muestra”, señaló un ministro buscando relativizar la posibilidad de una “devolución del gesto” por parte de la Corte.