El comisario retirado Jorge “Fino” Palacios pasó la noche en una celda de los tribunales federales de Retiro y seguirá detenido por decisión del juez Norberto Oyarbide, para quien existen fuertes sospechas de que lideraba una organización dedicada a hacer espionaje ilegal de todo tipo que habría operado desde la Policía Metropolitana, donde Mauricio Macri lo había nombrado como jefe. Hasta ahora el nombre más conocido de esa banda era el del ex policía y asesor del Ministerio de Educación porteño Ciro James, con quien Palacios resultó tener una estrecha relación. La detención fue requerida en las primeras horas de la tarde por el fiscal Alberto Nisman. Lo que se le imputa es haber “ordenado, implementado y supervisado” las escuchas a Sergio Burstein, integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA y uno de los principales impulsores de su desplazamiento de la jefatura de la fuerza porteña por su participación en el encubrimiento del ataque terrorista, entre otras razones. El Fino será indagado hoy y es probable que más adelante se le imputen otros casos de espionaje que están en plena investigación. Pero, además, todo indica que el juez apuntaría a la existencia de una organización ilícita –con jueces, policías y espías– dedicada al espionaje y con Palacios como jefe. En ese caso, el delito sería todavía más grave.

Como adelantó Página/12 en exclusiva, era inminente la citación de Fino a indagatoria, sospechado por espiar en forma ilegal. Eso llevó a que el abogado del ex jefe de la Metropolitana presentara un escrito solicitando que se lo eximiera de prisión. El juez denegó ese pedido por considerar que Fino tiene una vasta y demostrada capacidad para obstaculizar la investigación, lo que derivó en que el propio Palacios se presentara al atardecer en Comodoro Py: allí quedó detenido.

El detallado escrito de Nisman se centra en el caso de las escuchas a Burstein. El fiscal enumera los siguientes elementos de prueba:

- Burstein era uno de los principales voceros de los familiares de las víctimas en su oposición a que Palacios continuara al frente de la Metropolitana.

- Para Palacios resultaba clave escuchar los diálogos que Burstein mantenía relacionados con la causa AMIA y la campaña por sacarlo del cargo de jefe de la fuerza porteña.

- De los siete números telefónicos a nombre de Burstein, sólo se dispuso la escucha ilegal sobre uno: el correspondiente al celular utilizado para tratar todas las cuestiones relacionadas con la causa AMIA.

- En tres meses de este año, el celular de Ciro James se activó 480 veces. De ese total, 477 veces las llamadas se cursaron por la antena situada cerca de la Policía Metropolitana y el Ministerio de Seguridad. Eso demostraría que James ya trabajaba en el área, pese a tener un contrato con Educación.

- En esos tres meses, Ciro James se comunicó 160 veces con Jorge Palacios. Y en muchas ocasiones, lo hizo antes de las 8 o después de las 22, lo que habla de una relación que no es la habitual entre un subordinado y un jefe. Además, la cantidad de comunicaciones ya demuestra el vínculo.

- Cada vez que hubo una movida importante relacionada con las escuchas de Burstein, se produjeron diálogos entre James y Palacios. Cuando se hizo un llamado de prueba para comprobar que ése era el celular del integrante de Familiares, cuando se pidió a los policías misioneros que gestionaran el pinchado, cuando el juez de Posadas firmó la orden, cuando se empezó a cumplir con la escuchas, cuando se retiraron de la SIDE. Siempre, a cada paso, hubo llamadas entre James y Palacios.

Para Nisman, lo que ocurrió es que Palacios puso en marcha contra Burstein un sistema que se venía usando tiempo antes. “Valiéndose del procesado Ciro James, con quien Palacios mantenía una relación de confianza y amistad, porque habían trabajado en la Policía Federal y de cuyo inminente ingreso a la Metropolitana Palacios había sido su gestor y firme impulsor –apuntó el fiscal–, Palacios introdujo el número celular de Burstein en una causa que tramitaba ante el Juzgado en lo Penal 1 de Misiones, a cargo de Horacio Gallardo, donde se investigaba el homicidio de José María Piccoli, ocurrido el 5 de agosto de 2005, y se lo vinculó falsamente con un prófugo de dichas actuaciones, Pedro Antonio Figueredo, alias Leka, sin que exista el menor elemento que permita vincular a Burstein con este expediente. Idéntica maniobra, con la complicidad de dos jueces de Misiones, había sido llevada a cabo con anterioridad, para escuchar las comunicaciones telefónicas de distintas personas, la mayoría de ellos con actuación pública (...) El ilegal sistema utilizado, con la complicidad de jueces y policías, tenía como característica que no requería para las intervenciones valijas de escuchas ni ningún otro aparato de interceptación, ya que se valían del aparato y la maquinaria estatal (...) Engañaban al Estado y delegaban en él su tarea, para que de manera abusiva, arbitraria e inescrupulosa, se dispusieran medidas coercitivas en contra de garantías constitucionales.”