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El informe del Banco Mundial no incluye la situación en Santa Fe, debido a que la ley en esa provincia se sancionó cuando el relevamiento del Banco Mundial ya estaba concluido. Vale destacar que la sanción de esa norma demoró un año y medio por el fuerte lobby en contra de la Iglesia Católica. Finalmente, la misma presión eclesiástica tuvo éxito sobre la reglamentación del programa de salud reproductiva firmada por el gobernador Carlos Reutemann en octubre: el mandatario estipuló que en el consejo asesor del programa se integrarán delegados de los arzobispados de Rosario y Santa Fe. Lo llamativo es que esa inclusión no estaba contemplada en el artículo 10 de la ley, que establecía convocar a entidades científica y universitarias, efectores de especialidades médicas competentes, colegios profesionales, la Organización Panamericana de la Salud y entidades no gubernamentales con trayectoria en la materia. La decisión del gobernador seguramente entorpecerá la aplicación del programa: es conocida la doctrina católica que sólo acepta los métodos anticonceptivos que denomina “naturales” –considerados desde el punto de vista médico poco seguros a la hora de prevenir un embarazo no deseado–, como la abstinencia sexual por períodos, y no sólo rechaza el dispositivo intrauterino (DIU) por considerarlo abortivo, sino hasta el simple profiláctico.