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La gran batalla contra la indigencia se desinfló antes de empezar. Abrumado por las reacciones que provocó en los sectores ligados a la exportación, rechazando la intención oficial de subir las retenciones (impuesto a las ventas externas), el Gobierno encogió rápidamente sus pretensiones. El Ministerio de Economía, después de haber cometido un serio error táctico, sólo se propone ahora ir diseñando algunas medidas que puedan asegurar una módica disminución –rondante quizás en el 5 por ciento– en los precios clave de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cuyo costo es determinante del número de indigentes. La acción se dirigiría hacia los conjuntos de productos que a su vez inciden decisivamente en la CBA, fundamentalmente la carne, el pan y la leche, que explican un 49 por ciento de esa cesta de subsistencia. Reducciones en el IVA y subsidios específicos serían los instrumentos a utilizar, pero con una restricción de hierro: el resultado fiscal del programa debe ser neutro. Esto significa que el costo de esta política redistributiva debería ser compensado por un aumento equivalente en los recursos impositivos, a lograr a través de una suba en las retenciones. Cada punto de incremento en éstas produce ingresos adicionales de 250 millones de dólares (unos 825 millones de pesos) al año. La capacidad política del Gobierno para imponer mayores derechos a los exportadores marcará los límites de su política social.
En cuanto al mencionado error táctico de Economía, el paso en falso fue dado el jueves al oficializar, mediante un comunicado, la intención de castigar con mayores retenciones a los productos de exportación que se hubiesen encarecido por encima del promedio. El texto, cuya difusión fue dispuesta por Roberto Lavagna, obedecía en realidad a su ansiedad por recuperar el control de un tema que se le estaba escapando de las manos. El ministro se molestó al ver cómo algunos miembros del Gabinete –particularmente Alfredo Atanasof (Jefatura) y Aníbal Fernández (Producción)– se subían ávidamente al asunto, viéndole rédito político, a pesar de que había sido Lavagna quien le llevó la iniciativa al presidente Duhalde. Pero el contragolpe del ministro de Economía fue un boomerang: el agro, la industria exportadora, los representantes de las economías regionales y los gobernadores saltaron como un resorte. Espantado, el Gobierno pisó el freno.
Aunque no se archivó del todo la intención de elevar las retenciones, se les cambió a éstas el sentido, como corrigiendo una presunta falsa interpretación de la prensa y el sector privado. Según la nueva lectura, con el incremento de las retenciones no se pretendería bajar el precio de los productos alcanzados. Su verdadera misión consistiría en generar recaudación para cubrir el costo del programa. En este sentido, el aumento se aplicaría en principio a todas las exportaciones y, por tanto, en una pequeña proporción, quizás inferior a un punto.
Como anécdota, una firma aceitera les advirtió a los funcionarios que si la amenazaban con mayores retenciones de no firmar un acuerdo de reducción de precios, dejaría por completo de vender en el mercado interno. Aunque su marca no es localmente de las más importantes, logró impresionar a los interlocutores. En general, cuando se les habla de sus precios, los empresarios desenfundan una lista de quejas y reivindicaciones, que incluyen la presión tributaria (la ausencia de ajuste por inflación, por ejemplo), el disparado costo de los insumos y las deudas en dólares no pesificables, entre otras.
Por el momento, ni siquiera es seguro que se apliquen medidas para abaratar levemente los alimentos básicos, porque otra alternativa contemplada, aún menos ambiciosa, consiste en intentar acuerdos sectoriales temporarios, por dos o tres meses, que simplemente procuren prevenir alzas bruscas o significativas, siguiendo el modelo del convenido con las petroleras. En esta opción, en principio desprovista de estímulosfiscales, se establecería un mecanismo de consulta permanente, para prevenir sorpresas ante un cambio en las condiciones internas o internacionales. En tal caso se vería qué puede hacer el Gobierno para compensar al sector y disuadirlo de subir sus precios.
Al parecer, el verdadero rumbo en esta cuestión empezará a definirse cuando pueda medirse la tendencia de la CBA en enero. Tanto en Economía como en el INdEC se prevé para este mes un incremento en el IPC claramente superior al de diciembre (0,2 por ciento), pero por el influjo de subas en bienes ajenos a la mencionada canasta, como la nafta, el transporte de larga distancia, la medicina prepaga y el turismo. Esos corrimientos no son los que preocupan al equipo económico, al que las tribulaciones de la clase media no parecen desvelar. Sin embargo, también hay ruido en alimentos básicos como la carne y los lácteos, y son éstos los que marcarían el programa antiindigencia.
Además de la rebelión contra las retenciones, otro obstáculo con el que se toparon los funcionarios es la dificultad de contener el alza de precios en sectores donde éstos traducen problemas estructurales. Como un puñado de productos cubren tres cuartas partes de la canasta alimentaria básica, la cuestión parecía sencilla. Pero verlo así fue una ingenuidad. En el caso de la leche, por ejemplo, que pesa un 9 por ciento en la CBA, es difícil detener la merma en la producción sin mejorar el precio que recibe el tambo. En el de la carne, los frigoríficos exportadores, que hace algunos meses estaban casi dispuestos a regalar el asado y los demás cortes populares, dirigidos al consumo interno, ahora los encarecen drásticamente para poder equilibrar su ecuación ante la suba de costos.