Mauricio Macri está un paso más cerca de aceptar lo inevitable: mañana, cuando se reúna con sus legisladores porteños, definirá su estrategia hacia la Comisión Investigadora Especial (CIE) que determinará su responsabilidad política sobre la red de espionaje paraestatal por la cual fue procesado por la Justicia. Aunque el jefe del bloque PRO en la Legislatura, Cristian Ritondo, encabeza un nutrido grupo de diputados que proponen “vaciar” la CIE para quitarles legitimidad a sus decisiones, el antecedente de Aníbal Ibarra, que en un momento intentó una táctica similar y terminó destituido, podría convencer al jefe de Gobierno de que lo mejor será asumir su defensa en los cauces institucionales.

“El jueves vamos a tener un largo debate para ver qué hacemos con todo esto –anunció Macri–. Voy a escuchar a nuestros legisladores para ver cuál es el mejor camino para la búsqueda de la verdad.” El líder del PRO se quejó de que su caso “lamentablemente no ha recorrido el camino del respeto institucional y a la Constitución”: insiste en pedir que se respete la proporcionalidad a la hora de asignar los espacios en la comisión, cuando el mecanismo previsto para eso es el de representatividad. Así, el macrismo contará con cinco de los diecisiete lugares disponibles, contra los siete que pretendían. Además, aseguró estar “muy tranquilo” porque “no se ha cometido ningún tipo de delito”.

Además, en la reunión que mantendrá mañana junto a los 24 legisladores que permanecen fieles, Macri definirá cuál será su respuesta a la “invitación” que le cursó el Parlamento porteño para que se presente ante el pleno para responder preguntas de la oposición sobre la causa que lo investiga, sospechado de haber formado parte de la asociación ilícita que llevó a cabo tareas de espionaje desde el seno de la Policía Metropolitana y la administración porteña. El principal argumento macrista contra las imputaciones ha sido repetir que “todo es un invento” de Norberto Oyarbide, el juez federal que entiende en la causa, y de Néstor Kirchner, por lo que, luego de que la Cámara de Apelaciones ratificara su procesamiento, quedó en una situación de mayor fragilidad, lo que la oposición porteña aprovechó para avanzar en la conformación de la CIE.

Luego de que se sepa cuál será, finalmente, la postura del PRO, la oposición fijará la fecha de la primera sesión de la comisión investigadora, en la que deberá darse a sí misma reglamento y elegir un titular. Al respecto, el titular de la bancada socialista, Julián D’Angelo, se automarginó de la presidencia de la CIE, cargo para el que había sido mencionado en los últimos días. “Desde el Partido Socialista, orgánicamente no tenemos la voluntad de presidir la comisión porque no tiene sentido que esté conducida por un monobloque”, sostuvo el legislador, que propuso, en cambio, que ese lugar quede en manos de “alguno de los bloques que cuentan con mayor cantidad de bancas, como Proyecto Sur o la Coalición Cívica”.

En tanto, el diputado porteño Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, que también es querellante en la causa por las escuchas, cargó nuevamente contra el jefe de Gobierno, a quien acusó de demostrar “una manifiesta intención de ocultar información” al negar, ante el juez, que haya mantenido intercambio telefónico con el ex jefe de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios. Al contrario de lo afirmado por el ex presidente de Boca, se difundió la existencia de al menos nueve llamadas entre ambos por medio de celulares que no habían sido declarados ante la Justicia en primer término. Esto demuestra, según Ruanova, que el policía “tenía un gran poder delegado” dentro de la administración de la ciudad. “Palacios tenía poder para efectuar compras, para armar una estructura e incluso para contratar parte de esa estructura antes de que se creara la Metropolitana, en 2008”, aseguró el legislador, porque “al asumir Macri ya pensaba en un modelo de policía y que estaría al frente Palacios, su hombre de máxima confianza”.