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En el norte de Salta hay dos actividades principales que explotan trabajadores. La cosecha de poroto y el desmonte para luego sembrar soja. La tierra para monocultivo requiere el “deschampe”, que es el desraizado y limpieza de lotes luego del paso de la topadora. En general, el dueño de la finca acuerda con un contratista. Los trabajadores son trasladados en camiones y rara vez saben dónde están trabajando. Viven bajo plásticos, la paga nunca es clara, muchas veces con alimentos sobrevaluados, alcohol y hojas de coca. Finalizado el trabajo, suelen ser abandonados, deben mendigar para volver a sus casas.

“Hay muchísimos casos que nunca llegan a conocerse. Las condiciones de trabajo infrahumanas se repiten a cada caso, los campamentos son de una precariedad extrema. Nadie se ocupa de controlar”, explicó Ana Alvarez, de la ONG Asociana, con trabajo en la zona.

En octubre de 2008, Albertina Díaz, wichi oriunda del paraje Misión La Paz, se encontraba junto a su familia trabajando en un desmonte en el Departamento de San Martín. Estaba embarazada. Se descompuso, pero no recibió atención médica. Fallecieron ella y su bebé.

En la misma semana, en la finca Caraguatá, a 120 kilómetros de Tartagal, fallecieron dos niños wichi mientras sus padres, Gerardo Negro y Antonia Ceballos, eran mano de obra explotada en el desmonte. La Agencia de Noticias Copenoa precisó que los fallecidos tenían sólo un mes y dos años, padecían una infección, no tuvieron atención médica y hacía tres días que no ingerían alimentos ni agua. Sus cuerpos fueron enterrados bajo los árboles de la misma finca que ofició de verdugo. La familia pidió justicia, pero no hubo gremio, funcionario ni juez que investigara el crimen.