Los allanamientos realizados en boliches, cabarets y prostíbulos, por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría, se concretaron con personal de la Gendarmería y la Prefectura porque hay sospechas de connivencia de comisarios de la Policía Federal. Según los primeros datos, en los procedimientos se encontraron cuadernos con anotaciones de cifras que se pagaban a las comisarías. Además, hay una enumeración de mujeres y travestis evaluadas como víctimas. La denominación de víctimas está relacionada con la trata de personas, porque se secuestraron sobres de papel madera en los que estaban los documentos de identidad de esas mujeres, es decir que les retenían la identificación para asegurarse de que sigan trabajando. No se encontraron drogas ni armas ni se detectó que hubiera menores. La jueza ordenó procedimientos relacionados con ocho comisarías que podrían estar involucradas. Los locales fueron allanados en Recoleta y el Bajo Flores. Según afirman en el ministerio, los operativos de esa naturaleza van a continuar y el delito de trata de personas será una de las prioridades de la gestión.