Las causas que avanzan sobre la responsabilidad civil de los empresarios con la dictadura van a tranco lento. La Justicia hasta ahora sólo avanzó a paso firme en una causa de Salta, en la que el juez Leonardo Bavio llamó a indagatoria al propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte presuntamente vinculado al secuestro de un grupo de trabajadores afiliados a la Unión Tranviaria Automotor. Para los que siguen las causas de lesa humanidad, el caso de La Veloz del Norte y el Ingenio Ledesma tienen puntos en común en cuanto a las pruebas que explicarían por qué se pudo avanzar en estos expedientes y no en otros. En ambos, la participación de los empresarios aparecería fuertemente demostrada por el modo en el que exhibieron su participación. En un caso, los choferes de La Veloz sitúan a Marcos Levin, el dueño de la empresa, adentro de la comisaría que funcionó como centro clandestino. Y a la empresa como encargada de facilitarle los autos a la patota policial que hizo los secuestros. Algo de esto vuelve a verse en Ledesma cuando el ingenio aparece aportando los móviles para los traslados de los secuestrados, por ejemplo. Un tipo de pruebas que parecen más fáciles de probar en el interior del país donde la represión se llevó adelante de modo más visible y descarnada. La pregunta es si esas pruebas no están en el resto de las causas: en el juicio oral de Loma Negra, con el abogado laboralista que defendía a los trabajadores asesinados; en la causa Ford o Mercedes Benz. Desde la Procuración dieron hace un tiempo una hipótesis de explicación a Página/12: los problemas tienen mucho más que ver, dijeron, “con que hay personas cubiertas que siguen detentando poder dentro de la Justicia y elaboran argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llamaron a los empresarios”.