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El veto a la ley 4452 “deja sin resguardo jurídico a las fábricas recuperadas”, advirtió en una entrevista con Página/12 el presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Alberto Caro. El proyecto –redactado por Caro– fue presentado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, y aprobado por unanimidad en la Legislatura porteña el 13 de diciembre pasado, pero nunca fue publicado. Esta es la segunda vez que el Ejecutivo rechaza una ley que le da un marco de protección a una treintena de empresas recuperadas.

Hace once años, la empresa Ghelco obtuvo la primera ley de expropiación. A partir de allí, en medio de la crisis económica y social y, también, tiempo después, muchos trabajadores tomaron la decisión de seguir por el mismo camino y las leyes para que los medios de producción quedasen en manos de los trabajadores se multiplicaron. En 2004 se aprobó la ley marco 1529 que cada tres años “cae”, dice Caro y cuenta que se prorrogó dos veces, pero la tercera (en 2011) y la cuarta vez (en 2012), fue vetada. Es que la ley que el Ejecutivo decidió frenar extendía por seis años más la vigencia de la ley marco aprobada en un primer momento.

–¿Qué significa no contar con esta ley?

–Deja a las empresas recuperadas sin resguardo jurídico porque no hay prórroga de la vigencia de la protección. Entonces, pueden ocurrir los desalojos por parte de los titulares, salvo en aquellas que tienen resguardo por la Ley de Quiebras, que deben ser 14 de unas 28. Es un acto antidemocrático y de puro corte ideológico porque hay un mito de que las fábricas recuperadas están en contra de las empresas.

–¿Qué resguardo les da la Ley de Quiebras?

–Da la posibilidad a los trabajadores de que compren a través de créditos, mencionado en el artículo 203 bis. Por medio de ella, los trabajadores pueden hacer una oferta y hacer valer sus créditos laborales, pero la mayoría no alcanza, con lo cual necesitan sí o sí la ley de expropiación.

En el territorio porteño hay unas 28 fábricas recuperadas. Entre ellas, Brucman, Grisinópolis, Frigorífico Torgelón, el Hospital Israelita y la Cooperativa Peña El Colorado. La última, también fue abatida, ya que también fue vetada la ley que la amparaba particularmente. Es la 4445.

“No entendemos por qué se vetó nuestro proyecto también, porque no implicaba ningún presupuesto para la Ciudad, por el contrario, planteamos pagar un canon de alquiler”, dijo como descolocado Eloy Falcón, integrante de la cooperativa. La peña folklórica fue declarada de “interés cultural” por la Legislatura, tiene una trayectoria de más de 20 años y fue inaugurada por Mercedes Sosa.

“Vamos a repudiar este acto de (el jefe de Gobierno, Mauricio) Macri”, avisa Falcón y dice que se hará una movilización a principio de febrero. “Con este acto está demostrando que está en contra de la cultura y de las empresas autogestivas”, disparó. En agosto del año pasado, los trabajadores estuvieron a punto de ser desalojados, pero pronto iniciaron los trámites para hacerse cargo de la peña.