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La Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada en 2010, establece en su artículo 9º que el Consejo Nacional de las Mujeres debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y “articular y coordinar las acciones” para el cumplimiento la norma, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”, entre otras responsabilidades.

Las autoridades del organismo sostienen desde hace más de un año que están trabajando en la elaboración de un Plan pero todavía no lo presentaron. Mientras tanto, existen programas a nivel nacional, provincial y en gobiernos locales, y también se están desarrollando acciones en la Justicia, pero falta la articulación y coordinación en todo el país de las políticas sectoriales para prevenir la violencia contra las mujeres y brindar respuestas eficaces para protegerlas cuando piden ayuda.

Un dato muy significativo que revela el informe de La Casa del Encuentro es que 34 de las mujeres asesinadas habían hecho la denuncia contra quien resultó luego imputado o principal sospechoso del femicidio de acuerdo con la información periodística recogida por la ONG (en la mayoría de los casos las causas judiciales están todavía en curso). En 14 casos, incluso, la Justicia le había dictado una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la mujer. Es decir, la medida judicial no resultó eficiente para preservarla de la violencia que denunció.

Es interesante frente a esta situación –recurrente– un aspecto de la película El lado luminoso de la vida, actualmente en cartel. En el film se muestra cómo la policía de una pequeña ciudad está bien atenta para presentarse inmediatamente en la casa de un hombre que tiene una prohibición de acercamiento a su ex esposa y a los lugares donde ella desarrolla sus actividades –ni siquiera puede llamarla por teléfono ni escribirle una carta– cuando éste intenta algún tipo de contacto. Hay un agente especialmente asignado para seguir el caso. Acá, los relatos de muchas mujeres o de sus familiares –en causas judiciales o declaraciones a la prensa– dan cuenta de que cuando la pareja o ex pareja denunciada por violencia y con impedimento de contacto viola esa medida, y denuncian al 911, no suelen recibir respuesta. Los botones antipánico que se están empezando a entregar en distintos distritos podrían contribuir a brindarles mayor protección. Y una respuesta más efectiva de parte de los agentes de seguridad (ver aparte).