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“Los empleados de la Justicia estamos muy interesados en dar un aporte a la democracia a partir de lo que vemos dentro de los juzgados y fiscalías. El hecho de formalizar un convenio para integrar esta ONG nos permite mantener la reserva y el anonimato de quienes quieran hacer denuncias desde adentro del Poder Judicial”, explicó Julio Gómez Carrillo, de la UEJN. “Hay un gran hastío en la Justicia –añadió–, sobre todo en el fuero penal, donde se trabaja en muchos casos de corrupción en los que se termina convalidando que el Estado pierda”. En la presentación oficial del Cipce, que se hizo el jueves último, estuvieron presentes Elisa Carrió, quien comandó la comisión antilavado de la Cámara de Diputados; el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Marcelo Saín, David Baigún, de la UBA, y Alberto Binder, director del Ceppas y vicepresidente de Inecip. La diputada del ARI hizo recomendaciones en base a su experiencia: “Durante la investigación que hicimos aprendimos mucho. La SIDE, el gobierno de la Alianza y el Parlamento jugaron en contra. En cambio el gobierno de Suiza jugó a favor”. Saín destacó que los hechos ilícitos que generan un mayor lavado de dinero no están relacionados con el narcotráfico sino con la evasión impositiva, “pero no la de los monotributistas sino la de los grandes grupos económicos”. “El Estado ha sido cómplice mientras el sistema financiero era parte”, sostuvo.