Cadenas de mails con claras bajadas de línea hacia posturas ideológicas de derecha, contrarias a la supuesta intención “plural” del colectivo, e incluso “en tándem con el discurso opositor de los medios hegemónicos” son elementos comunes que los funcionarios judiciales mencionaron como hechos que les confirmaron el corporativismo de la Asociación de Magistrados.

La cuestión referida a la falta total de una postura condenatoria hacia los miembros del Poder Judicial sospechados, e incluso cuando los casos fueron probados, de haber participado en delitos de lesa humanidad de la última dictadura mencionada por Jorge Auat es un claro ejemplo, pero no el único, ni el más llamativo. En mayo de 2010, la dirección del colectivo mandó por mail a todos sus integrantes un comunicado redactado por el radical Leandro Despouy, quien entonces actuaba como relator ante la ONU de la independencia de los jueces, con críticas a la situación de la Justicia en Venezuela. Ese mismo año, el ex juez español Baltasar Garzón fue suspendido en su país. “Esa vez, la reacción de la asociación fue mutis por el foro”, rememoró Adrián Grünberg.

Mario Portela lo vivió en carne propia, en tiempos en los que como juez subrogante integró el TOF N° 1 de La Plata, para el juicio denominado Circuito Camps, por crímenes cometidos en ese territorio durante la última dictadura cívico militar. “Denuncié a la asociación un intento de incriminación que habíamos sufrido (los miembros del tribunal) por parte de una serie de editoriales de La Nación. Nunca se dignaron siquiera a contestarme. Nunca tomaron partido por un juez que decía sentirse amenazado. El silencio fue una toma de postura hacia otro lado”, concluyó.