Un documento que aportó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue el elemento que le puso techo, al menos por ahora, al ascenso de César Milani a teniente general. Se trata de un sumario que instruyó y firmó en junio de 1976, cuando integraba el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, en el que acusaba de “deserción” al soldado conscripto Alberto Ledo quien, en rigor, estaba y continúa desaparecido. “Conviene recordar que los sumarios de de-serción fueron el modo de encubrir la desaparición de soldados durante el terrorismo de Estado”, señala la presentación del organismo entre los argumentos en los que basó su impugnación a la promoción de Milani, quien se encuentra al frente del Ejército. También incluye el texto de la declaración del ex detenido Ramón Olivera ante la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja en 1984, donde lo acusaba de pasar en un allanamiento que derivó en la detención de su padre.

En una presentación inicial el CELS había señalado que no tenía “información fehaciente que diera cuenta de la participación de Milani en delitos de lesa humanidad” de la última dictadura. En la impugnación que llevó ayer a la Comisión de Acuerdos del Senado explicó que al continuar rastreando documentos, más allá de sus propios archivos, se topó con datos que vinculan al jefe del Ejército con hechos analizados en expedientes sobre crímenes dictatoriales de los que “el Ministerio de Defensa nunca fue informado”, lo que explicaría que en tres oportunidades anteriores haya pedido su ascenso. La Unidad de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación había informado, a la vez, que Milani no estaba procesado ni imputado con llamado a indagatoria en ninguna causa.

Según planteó el CELS, es un “error” considerar las decisiones judiciales como “únicos elementos” para decidir ascensos de militares. Y puso como ejemplo el propio expediente sobre la desaparición de Ledo, donde hay un capitán, Esteban Sanguinetti, con pedido de indagatoria de la fiscalía desde el año 2008 que el juzgado de Daniel Bejas tiene pendiente aún resolver. Ledo era un joven riojano que en febrero de 1976, al ingresar al servicio militar, fue destinado al Batallón de Ingenieros 141. Estudiaba historia y era un militante vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores y al Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Cuando hizo una investigación sobre los 129 soldados secuestrados y desaparecidos que volcó en el libro El escuadrón perdido, el ex capitán del Ejército fallecido José Luis D’Andrea Mohr mencionó el caso de Ledo y cómo el capitán Sanguine-tti lo había sacado en tres oportunidades a hacer una supuesta recorrida en la zona en junio de 1976. La última vez no volvió.

Cuando la madre de Ledo, Marcela Brizuela de Ledo, preguntó por su hijo, le dijeron que había desertado. La mujer, al declarar, mencionó a Sanguinetti en función de lo que reconstruyó por el relato de otros soldados. Lo que el CELS explicó que hay dentro de la causa judicial es el llamado “sumario de deserción” instruido contra Ledo. Ese sumario, cuya copia fue entregada ayer, había sido instruido por Milani y llevaba su firma en varias fojas. El jefe del Ejército era entonces un subteniente de 21 años que se desempeñaba en el Batallón de Ingenieros, su primer destino tras egresar en 1975 del Colegio Militar. Su informe tipeado a máquina decía que Ledo había cometido una “falta grave” al ausentarse más de cinco días y que la conclusión era que se había “fugado” y por desertor le daban de baja. La misma argumentación se repetía en otros casos de conscriptos desaparecidos.

El texto de la impugnación, que firma el titular del CELS, Horacio Verbitsky, recuerda que el organismo ya había denunciado en 1982 que los sumarios por deserción fueron la modalidad que se utilizó para disfrazar la desaparición de soldados durante la última dictadura y que esto fue confirmado por el Ministerio de Defensa en 2009 en un informe que daba cuenta de la desaparición de 43 conscriptos, entre los que Ledo “llamativamente” no aparecía. También señala, como dato que completa el panorama, que en una entrevista publicada por este diario el domingo, Milani dijo que en el batallón tenían “unas 50 deserciones por año” y que “en Tucumán se informó que Ledo había desertado” a lo que agregó: “Es obvio que no era así” (ver “Una aclaración” aparte).

En el libro de D’Andrea Mohr, los padres de dos soldados detenidos-desaparecidos decían que “la deserción fue inventada por quienes aplicaron el más salvaje y siniestro terrorismo de Estado”. D’Andrea Mohr, en nombre de los padres, decía: “Han pasado veinte años y no he cesado en la búsqueda de mi hijo, su soldado desaparecido. ¿Y usted? ¿Se conformó con hacer un acta de investigación por deserción para legalizar la falsedad?”

El CELS también entregó una copia de la declaración de Olivera ante la Comisión de Derechos Humanos riojana en 1984, donde describía la participación de Milani “en un allanamiento que derivó en la detención de su padre, quien fue torturado en el Batallón de Ingenieros 141” y decía que “estuvo presente y lo hostilizó durante un interrogatorio judicial en el que” él mismo intentó “infructuosamente denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal”. Pese a aquella declaración, Milani no fue incluido en la lista de represores de la Conadep de La Rioja. Según dijo Milani y señala su legajo, aquel día señalado por Olivera, estuvo cumpliendo una sanción de amonestación por quedarse dormido, aunque esto implicaría necesariamente que no haya participado en los hechos.

La Unidad de Derechos Humanos de la Procuración había dicho en un primer informe que no registraba que Milani estuviera procesado, imputado ni llamado a indagatoria en las causas en Tucumán y La Rioja, pero esto cambió a partir de que Olivera dio un testimonio judicial la semana pasada, lo que lo puso bajo investigación. En el CELS tienen indicios de que hubo una investigación de la Justicia provincial pero aún no saben qué destino tuvo.

En el contexto de la Comisión de Acuerdos, hasta ahora era el radical Gerardo Morales quien principalmente cuestionaba el ascenso. El CELS tiene larga tradición de impugnar ascensos de militares implicados en posibles crímenes de lesa humanidad, desde 1987 cuando lo hizo con el pliego de Alfredo Astiz, en 1993 con los marinos Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías y hasta con Roberto Bendini en 2003 quien en una clase en la Escuela de Guerra había reivindicado los crímenes de la dictadura prometiendo contención para el “personal detenido”, y demoró un año en conseguir el ascenso.