Los legisladores y el vecino de la villa 21-24 se presentaron a la Justicia para promover una acción de amparo “destinada a reponer la vigencia de los derechos constitucionales que entendemos se encuentran violentados por el ejercicio abusivo de las acciones de un grupo de individuos en detrimento de los vecinos de esta Ciudad”, que ven “cercenado su derecho cotidiano a transitar libremente”.

La acción se presentó en contra del Gobierno de la Ciudad, “por tolerar y permitir la permanencia en el tiempo de la existencia de un muro de cuatro metros de altura sobre la calle Ascasubi y, a pesar de estar anoticiado fehacientemente de ello, sigue permitiendo la subsistencia de dicha construcción que viola en forma arbitraria e ilegal el derecho de libre circulación de los ciudadanos”.

“La permanencia de este muro se constituye en una ofensa discriminatoria que cercena el derecho del vecino a circular libremente, a acceder a la escuela, a los centros de salud (de uno y otro lado), complica en grado sumo el tránsito vehicular, que es obligado a efectuar un largo rodeo, sobre todo el perjuicio se hace más evidente cuando se trata de casos de emergencia de salud, y las ambulancias ven impedido el normal acceso sin mayores demoras a las viviendas de los pacientes. Todo ello sin perjuicio de que el muro es absolutamente ilegal”, se argumenta en la presentación judicial.