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Por Osvaldo Acosta *

La derecha cerril y anacrónica que asoló a la Argentina es una expresión local de la ultraderecha. El abuso que hizo en el manejo del Estado –como gobiernos de facto, o inspirando y disponiendo detrás del escenario de las desiciones de las democracias coptadas de los ultimos años– explica el porqué de esta calificacion. Pero tiene capacidad de raciocinio, y ya lo está utilizando para evitar el juzgamiento, en España o en la Argentina, de los genocidas reclamados por el juez Baltasar Garzón. Esta vez esa capacidad se expresará en la forma del mayor apego posible a las normas, la doctrina y la jurisprudencia judicial.
Una de las alternativas en danza es impulsar por vía legislativa la nulidad de las leyes de impunidad. Quienes la defienden argumentan que sería una buena solución ante la deliberada inercia de la Corte Suprema en su actual integración.
No hay dudas que la peor salida para los represores es ser juzgados en tribunales del exterior. Prefieren lo malo conocido que lo peligrosamente desconocido. Si pueden, elegirán a la Justicia local, más permeable y flexible a los cambios políticos.
Los represores y sus apoyos civiles quieren tiempo. Su esperanza es que el Gobierno que acaba de derogar el decreto de Fernando de la Rúa se desgaste y pierda el apoyo político y social que ahora tiene. El sábado último La Nación planteó que si se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “siempre existiria la posibilidad de que los acusados cuestionaran la constitucionalidad de la eventual ley anulatoria. La palabra de la Corte volvería, entonces, a ser la que la vale. Con solo iniciar nuevos procesos se conseguiria trabar los pédidos de extradición”.
Esto es así. Y eso es lo que va a ocurrir si se sanciona una eventual ley anulatoria. El argumento según el cual con esa ley se podrian reabrir todos los juicios contra los represores y de ese modo rechazar todas las extradiciones en virtud que esos delitos se estarían juzgando en la Argentina es por el momento si no una quimera, una muestra de voluntarismo. No estaríamos frente a la derogacion de una ley, que como mecanismo produce efectos hacia el futuro, sino de su nulidad. Esto supone que la ley ha producido consecuencias en el tiempo a favor o en contra de determinadas personas. Y es dificil suponer la legitimidad de una norma que como una vuelta de campana volviera a instalar el principio de vigencia de la ley mas benigna. Sería un bocatto di cardinale para una Justicia tan lábil como la que impera en el pais, y un nuevo triunfo de la impunidad.
La cuestion debe resolverse con la normativa existente porque cualquier otro engendro embarraria la cancha. La situación de hoy es un logro social. Es mérito de la lucha de las distintas organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas de la represion. Propiciar la nulidad por vía legislativa es un error. Si la Corte Suprema no se pronuncia, o declara la constitucionalidad de las leyes de impunidad, que los represores sean juzgados en el exterior como lo dispone la nueva legislacion universal. Solo si la Corte se pronuncia por la inconstitucionalidad de las leyes correspondería disponer el escenario para que los genocidas de distinta laya sean juzgados en el país.
* Abogado.