Mañana, la Cámara de Casación Penal –el máximo tribunal penal– se reunirá en pleno para decidir quién es su próximo presidente, en reemplazo de Gustavo Hornos. Pocas veces estuvo tan reñido el escenario. El reglamento vigente establece que los titulares del cuerpo cambian año a año de acuerdo con el orden en que fueron ingresando al tribunal. En teoría, por lo que acordaron el año pasado los jueces, desde ahora tendrían que empezar a presidir los integrantes más nuevos de la Cámara. Por lo menos tres camaristas (y otros dos fluctuantes) interpretan que debería tocarle a Alejandro Slokar, el primer designado de la última camada de casadores que ingresaron en 2011. Sin embargo, el resto ofrece una fuerte resistencia a que sea designado, en buena medida por su pertenencia a Justicia Legítima. Aun entre quienes lo apoyan, algunos estarían dispuestos a negociar otro nombre si no se pudiera arribar a un acuerdo. Una interpretación del reglamento le daría la razón a Liliana Catucci, quien cree que le corresponde el cargo, pero no tendría suficiente aval de sus compañeros. Ana María Figueroa y Mariano Borinsky surgen como dos candidatos posibles de consenso. La reelección de Hornos fue mencionada por algunos jueces (aunque nunca en veinte años se reeligió un presidente). Hornos, como presidente, tiene doble voto. Otro punto de discusión es si hace falta una votación o no para establecer quién es el sucesor. Por tradición, el nombramiento se refrenda con un mínimo de seis votos. En definitiva, lo que parece haber es una pulseada para evitar que asuma Slokar y acordar algún otro nombre, lo que a su vez podría requerir un cambio de reglamento. Desde la Corte Suprema, su presidente, Ricardo Lorenzetti, brega por esta segunda opción. Por ahora, el panorama es incierto. El martes debería haber una definición.