Dieciséis años después, las actas de una asamblea del club Ferrocarril Oeste realizada el 14 de diciembre de 1997 hablan por sí solas. “Esta situación hay que tomarla en cuenta, porque hoy no tenemos ni las tierras que estamos tratando de vender”, decía un vocal de la comisión directiva. “Ferro no ha escriturado las tierras, tiene deuda con Ferrocarriles, con los agrimensores y con los abogados”, agregaba un socio caracterizado. En ese lugar, vecino al estadio, podría levantarse en el futuro cercano un shopping del grupo IRSA. Se trata del polígono situado frente a la avenida Avellaneda, entre las calles Olegario Andrade y Fragata Presidente Sarmiento. La institución deportiva presuntamente lo vendió sin ser la dueña. Lo demuestra el certificado de dominio catastral donde sólo figuran dos propietarios entre 1958 y la actualidad: el Estado, primero, y a partir del 20 de enero de 1999, Alto Palermo SA, subsidiaria de IRSA. A esa irregularidad apuntan los críticos del proyecto macrista para que no pase en la Legislatura.

Pero hay más. Esta iniciativa del centro comercial se tornó una obsesión para el gobierno porteño. También es muy semejante a la que el ex juez Rodolfo Herrera –destituido por corrupción y responsable de la quiebra del club todavía vigente– alentó entre 2002 y 2003. Ni se toma en cuenta que Ferro –como dice el legislador socialista Adrián Camps– “no aparece en el certificado de dominio”. O sea, la transferencia del terreno no es válida porque pertenecía al Estado nacional. Y habría pasado en forma directa al patrimonio de IRSA sin una ley que lo avalara, como establece el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 5º: “Corresponde al Congreso disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”. Y también viola el artículo 63 de la Constitución porteña.

Camps declaró también que, “como legisladores, no podemos convalidar esta situación que configuraría un delito”. En este punto, la polémica desatada entre vecinos proshopping o detractores de su construcción se torna recreativa, aun cuando Caballito es un barrio con escasos espacios verdes. El emprendimiento de la todopoderosa IRSA, nave insignia en el usufructo de tierras fiscales, está flojo de papeles. Lo sostienen quienes censuran el futuro centro comercial.

El comunero de Caballito, Martín Iommi, coincide con el diputado Camps: “El problema más grave que presenta el proyecto es que la adquisición de los terrenos por parte del grupo IRSA está sospechada de corrupción, tal como lo refleja el certificado de dominio. Los terrenos pertenecían al Estado nacional, fueron cedidos al Club Ferro y luego irregularmente vendidos al grupo IRSA. El club no podía vender los terrenos por un plazo de 20 años, y el dinero de la venta del terreno por 6,5 millones de dólares nunca ingresó al club”. El abogado penalista Gerardo Pardo, uno de los socios de Ferro que más batalló contra los negocios espurios en el club, afirma: “La Justicia nunca investigó la venta a IRSA”.

En 1997, el presidente era Marcelo Corso. El mismo que zafó de ser condenado por administración fraudulenta gracias a un fallo firmado el 18 de marzo de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, que declaró prescripta la acción penal contra él y otros tres ex directivos: Raúl Tauz, Héctor Hermida e Isidro Cabral. Los magistrados Gustavo Valle, Gustavo Rofrano y Miguel Angel Caminos hicieron caer las audiencias públicas que iban a comenzar tres días después. Se iban a tratar en ellas presuntos ilícitos como cheques emitidos y pagos sin respaldo documental a tres de los acusados, el giro de 1.500.099 pesos a una caja de crédito en el Uruguay sin justificativo y un faltante en la transferencia del arquero Martín Herrera al club Alavés español. Todavía hay un recurso en Casación contra ese fallo.

En aquella época, Ferro, según un informe de la Sindicatura, debía 16 millones de pesos. El valor de las tierras en cuestión según Corso y Tauz, presentes en la asamblea del 97, era de unos 6,5 millones de pesos o dólares. Todavía regía la convertibilidad de Domingo Cavallo.

De las actas tomadas aquel 14 de diciembre se desprende el apuro que tenían en venderlas. Y ya se mencionaba la posibilidad de instalar un shopping en el lugar. Lo sostenía el arquitecto e intermediario inmobiliario Aleardo Echeverry, adláter del juez Herrera, removido por mal desempeño en su cargo. Dirigiéndose a los demás socios en la asamblea decía: “...la intención final de Dunside es la construcción de un shopping, no solamente la compra del predio de Ferrocarril Oeste”. Esa empresa –imposible de rastrear– era socia de IRSA en la iniciativa.

Echeverry es el autor de la frase que abre este artículo: “Esta situación hay que tomarla en cuenta, porque hoy no tenemos ni las tierras que estamos tratando de vender”. Pese a semejante certeza del también promotor del shopping y vocal titular de Ferro allá por el ’97, la comisión directiva les propuso a los socios reunidos en asamblea colocar en manos del capital privado la fracción M, manzana 39B, sección 57, circunscripción 5.

El 13 de noviembre de 1997, un mes antes de la asamblea de socios, el presidente Corso les explicaba a sus pares de la comisión que los dirigentes Tauz y Hermida mantenían “reuniones con representantes de las firmas Dunside SA e IRSA, quienes se manifestaron sumamente interesados en llevar adelante las tratativas con el objeto de arribar a la determinación del precio final en el que el club estaría dispuesto a vender las tierras ubicadas a continuación de la cancha auxiliar con frente a la avenida Avellaneda. La última oferta efectuada por los nuevos titulares del paquete accionario de Dunside SA fue de 6.500.000 dólares, pagaderos al contado y en el momento de la escritura, que se efectuaría luego de la aprobación de la operación por parte de la Asamblea”.

Ese dinero nunca habría ingresado a la tesorería de Ferro. Las actas que hablan ya brindaban indicios de los problemas que afrontaba el club para hacer efectiva la titularidad de los terrenos donde siempre se quiso levantar el shopping. Echeverry lo repetía una vez más en la asamblea:

“Hay que analizar de qué tierras estamos hablando y en qué condiciones jurídicas se encuentran. La realidad es que estas tierras todavía no son nuestras. Tenemos la posesión, pero están pendientes de escrituración, con un saldo de deuda de $ 950.000, que, con los intereses, totaliza $ 1.200.000.”

En las actas también se puede leer que el Ente Nacional Administrador de los Bienes del Estado Ferroviarios (Enabief) era el propietario de las tierras y que –según Echeverry les contó a los socios– “no tuvo mejor idea que rescindir unilateralmente el convenio de compraventa que tenemos con ellos. Es decir que ha aparecido con el Enabief un nuevo litigio, y si bien nuestros asesores jurídicos dicen que estamos posicionados favorablemente, no sabemos en qué momento ni cómo puede terminar este litigio...”. Aquel organismo fue creado por un decreto del ex presidente Carlos Menem en 1996 y reemplazado en el 2000 por el Onabe.

El 20 de diciembre de 2002, el juez Herrera le dictaba la quiebra a Ferro. Una cámara oculta de Telenoche Investiga lo expuso in fraganti casi un año después, el 3 de diciembre de 2003. En el fallo que lo separó de su cargo, el tribunal que lo juzgó sostenía: “El diálogo mantenido por éste con el supuesto inversor y con el arquitecto Echeverry evidencia una grave infracción a las normas morales por falta de escrúpulos y de principios éticos”.

En su descargo, Herrera sostuvo durante el proceso que se le siguió que “no tuvo un conocimiento previo del ‘proyecto inmobiliario’, que nunca conversó con el supuesto inversor sobre una ‘licitación a medida’ y que la referencia a un proyecto inmobiliario para construir un ‘shopping’ debajo de la cancha de fútbol es un ‘absurdo’”.

Como fuere, la primera idea para instalar un centro comercial en tierras que Ferro consideraba propias hay que atribuírsela al magistrado depuesto. Se desprende del fallo de 177 carillas que lo removió de su cargo. Un proyecto parecido lo hizo suyo el gobierno porteño estos últimos años. En él debería reconocerle el copyright a Herrera, quien todavía no fue a juicio oral por una disputa entre dos tribunales que se arrogan el derecho a dictar sentencia en su caso.

El certificado de dominio catastral donde sólo figuran dos propietarios: ninguno es Ferro.