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Los primeros planes de empleo se crearon en 1996, con los levantamientos de Cutral-Có y Plaza Huincul, en Neuquén, tras la privatización de YPF. Fue la respuesta del menemismo a los crecientes niveles de conflicto social. Mientras reprimía a los desocupados y los acusaba de “asociarse para delinquir” (en una de esas puebladas una bala policial mató a Teresa Rodríguez), el Gobierno creó el Programa Trabajar I, un subsidio que tenía una duración de entre 3 y 6 meses. Al año siguiente el entonces gobernador Eduardo Duhalde lanzó en la provincia el Plan Barrios Bonaerenses. El resto de los gobernadores siguieron pasos similares. Eran programas que se distribuían a través de los intendentes y punteros del PJ.
Funcionaban con la lógica de la escasez, la de los pocos recursos para hacer frente a muchas necesidades. En 1996, cuando en el país ya había más de dos millones de desocupados, se otorgaron 118 mil planes. Accedía a ellos el que conocía a un puntero o tenía cercanía con la estructura del Estado.
Quienes quedaban fuera de este circuito, ya sea por carecer de contactos o por rechazar el clientelismo, podían esperar sentados. De esta tensión entre los desocupados sin filiación política y el aparato PJ, y de la decisión de algunos militantes de izquierda de organizar a los desocupados, nacieron las agrupaciones piqueteras del conurbano. Sus integrantes se vinculaban para cortar rutas y presionar por subsidios y alimentos, con protestas que expresaron además reclamos de fondo: no sólo planes, sino trabajo genuino, salud pública y educación.
Con el gobierno de Fernando de la Rúa hubo un doble cimbronazo en la historia de los planes de empleo. El primero fue que la cantidad de subsidios bajó drásticamente. “Su mayor volumen se había alcanzado en octubre del ‘97 con los 206 mil Trabajar, pero ese número no volvería a repetirse sino hasta mayo del 2002”, dice la socióloga Maristella Svampa. “El recorte profundizó la protesta social, ya que dejó sin recursos no sólo a los piqueteros, sino también a la estructura de punteros del PJ.”
Bajo la gestión de la Alianza, el ciclo de protestas que se había abierto en el ‘97 tuvo un crescendo en el que no pocas veces confluirían piqueteros con intendentes peronistas. Eso se vio, por ejemplo, en las fuertes movilizaciones de La Matanza del año 1999.
Una segunda novedad se agregó poco después. En competencia con el peronismo, la Alianza resolvió no distribuir los subsidios exclusivamente a través de los intendentes, sino también de manera directa a los vecinos que se organizaran e inscribieran una ONG.
El gran salto llegaría luego del estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001. De la mano de las grandes movilizaciones de los meses previos, y apoyado en el clima favorable que había generado en la opinión pública la propuesta del Frente Nacional contra la Pobreza –que plebiscitó la creación de un seguro de empleo y formación para todos los desocupados– los programas de empleo se universalizaron.
Fue un completo cambio de lógica. El plan Jefas y Jefes de Hogar, esbozado en enero del 2002 durante la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá y creado finalmente por Eduardo Duhalde, se extendió a dos millones de beneficiarios con un criterio de asignación universal. Para conseguirlo, ya no fue necesario pertenecer a determinado partido u organización –al menos no en teoría– sino reunir tres condiciones: no tener trabajo, ser jefe de hogar y tener chicos en edad escolar.
La idea de la tarjeta de débito se discutió con fuerza en esos días del lanzamiento. Fue una propuesta de los bancos y las empresas de tarjetas de crédito, en sintonía con una postura histórica del Banco Mundial. Los principales argumentos de oposición planteados entonces fue que la medida beneficiaría a los supermercados en detrimento de la economía local, las despensas de barrio o la producción de los propios desocupados. Y que en esos niveles de pobreza, donde los ingresos son cero, es necesario contarcon algo de efectivo si se quisiera viajar al hipermercado o ir al hospital.
En lo que va del año, una última novedad se agregó a esta secuencia. Tras la asunción de Kirchner, el Gobierno tomó un reclamo planteado desde las organizaciones para impulsar emprendimientos productivos. Con ese fin, se están otorgando subsidios e iniciando algunos proyectos de autoconstrucción de viviendas.
En esas cuestiones, vinculadas a la búsqueda de empleo genuino, desarrollando emprendimientos (panaderías, talleres, redes de salud) están centrados los movimientos piqueteros en estos días. Al mismo tiempo, empiezan a presionar al sector privado para que se dé trabajo genuino. Este último camino es el que se expresó en las recientes protestas en los subtes, en las estaciones ferroviarias y en los bloqueos al polo petroquímico de Dock Sud, pero en el que hasta ahora no han obtenido mayores respuestas.