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Hugo Cañón se sumó al listado de candidatos que Néstor Kirchner tiene en carpeta para ocupar la embajada argentina en España. Así lo confirmaron a Página/12 fuentes oficiales que participaron de la reciente visita presidencial a Madrid. El nuevo postulante es fiscal general de Bahía Blanca y un reconocido defensor de los derechos humanos.
Kirchner conversó sobre la candidatura de Cañón en la Península Ibérica, una vez que su nombre fue puesto sobre la mesa por el canciller Rafael Bielsa, ayer en la mañana madrileña. Las organizaciones de residentes argentinos en España ven con buenos ojos la posibilidad de que sea él y no otra persona el sucesor del actual embajador Abel Posse.
El Presidente se entusiasmó con Cañón. Aunque quedó en analizar el tema con más tiempo y tranquilidad. Además del fiscal, en los últimos días circularon varios nombres para la futura representación argentina. Uno de los que sonó con mayor fuerza fue el de Carlos Bettini, de excelente relación con Felipe González.
Bettini es un ex militante montonero. Estuvo exiliado en España y dice tener llegada directa al juez Baltasar Garzón, básicamente porque el caso de su familia integra el juicio en Madrid contra los represores argentinos.
Durante el gobierno de la Alianza, Patricia Bullrich lo denunció ante la Oficina Anticorrupción por intento de soborno. Bettini era jefe de asesores del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. Y se había presentado en nombre de la empresa española Dycasa y de funcionarios del gobierno menemista. Quería hablar con “La Piba” de las licitaciones para la construcción de cárceles. Bullrich acababa de asumir como secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.
Este y otros antecedentes, harto conocidos en el mundillo político, parecen haber sido suficientes para que Kirchner le bajara el pulgar. Al menos ésa es la versión que circulaba ayer, aunque ninguno de los pasajeros del Tango 01 confirmó oficialmente el dato.
Lo único que dieron a entender desde al comitiva oficial es que además de Cañón hay otro candidato con chances, pero que se trataría de un “tapado”, nunca mencionado hasta ahora por los medios. De ser así, tampoco sería de la partida José “Pepe” Nun, uno de los nombres que, según Ambito Financiero, se debate entre la colonia argentina. El politólogo, de vacaciones, no está enterado de su supuesta postulación.
No es el caso de Cañón, quien sí reúne el respaldo público de los argentinos asentados en Madrid. Recuerdan que el fiscal fue el primer alto funcionario del gobierno argentino que colaboró con la investigación sobre terrorismo de Estado y genocidio. En 1999 se presentó como testigo ante el juez Baltasar Garzón en la causa por violación a los derechos humanos, aportando al magistrado documentación y listados con los nombres de los represores.
Cañón explicó en la Audiencia el funcionamiento de la represión ilegal en la zona del V Cuerpo del Ejército, con asiento en Bahía Blanca. También aportó unos datos con los planes secretos de los militares para la represión, y una investigación sobre el robo de bebés.
No fue un arrebato. El fiscal venía trabajando en esa línea. Junto a la Cámara Federal de Bahía Blanca ya habían declarado la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida del ex presidente Raúl Alfonsín. El fiscal también se pronunció por la inconstitucionalidad del indulto de Carlos Menem. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo acompañó, pero la Corte Suprema de Justicia lo revocó.
Tal como reveló este diario, a Cañón sus actitudes le valieron presiones y represalias, igual que al actual jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, otro fiscal que se pronunció por la inconstitucionalidad del indulto. Cuando opinó por la inconstitucionalidad del Punto Final, Cañón fue apercibido entonces por el procurador Juan Gauna, con el indulto fue sumariado por el ex secretario de Justicia, el menemista todoterreno César Arias.
En el currículum del fiscal figura su papel como testigo en la causa que se le sigue a Adolfo Scilingo, quien admitió los vuelos de la muerte durante la dictadura. Y también en la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo. Cañón aludió en su momento ante el ministro de Defensa de la Alianza, Ricardo López Murphy, sobre una maniobra procesal para sustraer a Cavallo, para que no se haga efectivo el pedido de extradición formulado por España.
En aquella oportunidad, Cañón se presentó como integrante de la Comisión Provincial de la Memoria e hizo referencia a los Juicios por la Verdad. Y, según contó después, le pidió a López Murhpy la transferencia del espacio físico donde funcionó el “centro clandestino de detención” de Bahía Blanca, conocido como “La Escuelita”, para recuperar ese lugar y destinarlo a la concreción de un proyecto dirigido a preservar la memoria.
“Indicamos –dijo entonces– que por allí pasaron cientos de vecinos de la ciudad y de las provincias de Río Negro y Neuquén; que algunos de ellos son sobrevivientes y testimonios vivos del terror, otros fueron asesinados en enfrentamientos fraguados y muchos permanecen en esa condición aberrante de ‘desaparecidos’. Además, que nacieron en el lugar niños que aún hoy continuamos buscando.”