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Un grupo de inversores internacionales tendrá desde el lunes la posibilidad de solicitar embargos contra la Argentina. Son cuatro fondos buitre que en septiembre del año pasado ganaron un juicio en Nueva York, en el que reclamaron que el Estado argentino les pague el 100 por ciento del capital de lo que poseen en títulos de la deuda en default, más los intereses devengados. En total son unos 930 millones de dólares, que se hubiesen reducido a 230 millones si los especuladores hubieran aceptado la quita del 75 por ciento que propone el Gobierno. Desde que obtuvieron la sentencia favorable y hasta ayer, los inversores no pudieron reclamar embargos porque el mismo juez, Thomas Griesa, aceptó los pedidos argentinos de suspender las ejecuciones mientras negociaba con los acreedores. La última vez, los abogados que representan al Gobierno se comprometieron a no solicitar más prórrogas, promesa que se cumplió ayer. “No hay nada para embargar”, dicen desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, buscando llevar tranquilidad.
Dentro del complejo proceso de reestructuración de la deuda, un capítulo entero se lo lleva la pulseada con los fondos buitre. Se llaman así porque están a la espera de que cualquier país del mundo caiga en desgracia para atacar. Actuaron en Perú, Brasil, Ecuador y Rusia, y ahora se entretienen con la Argentina. Se dedican a comprar títulos defolteados a valores despreciables y acudir a los tribunales a exigir el pago total. Kenneth Dart, del fondo EM, es el socio más famoso de este club tan peculiar. Es uno de los que ganaron el juicio contra la Argentina y está en condiciones de pedir el embargo de bienes. Su demanda es por unos 730 millones de dólares. Los otros fondos son Old Castle Holdings, Lightwater y Macrotecnic, que buscan obtener otros 200 millones.
La instancia de las ejecuciones, sin embargo, no es el final de la partida, sino una más –sin duda, importante– dentro de una disputa que puede durar años.
Después de perder el juicio en septiembre, la estrategia del Gobierno fue ganar tiempo. Por eso le pidió al juez Griesa que frenara los embargos, con el argumento de que necesitaba despejar el panorama para negociar con el resto de los acreedores. Ahora que ese recurso se acabó –porque Griesa no hubiera dado más prórrogas–, la manera de dilatar las cosas es demorar la identificación de los activos embargables.
Una aclaración indispensable es que los únicos bienes que entran en esa categoría son los destinados a alguna actividad comercial. No cuentan las propiedades de las representaciones diplomáticas, ni los autos de las embajadas, ni el Tango 01, ni barcos u otro bien estatal. El ministro Aníbal Fernández consideró que la posibilidad de accionar contra algún bien “es nula” y aclaró, para despejar cualquier temor, que es “imposible” que se ejecuten bienes de privados en el exterior, porque así lo marca el derecho privado internacional.
Los abogados del Gobierno y los de los fondos buitre están haciendo una lista de los activos que podrían embargarse. La Argentina tiene el deber de ser transparente en ese proceso, pero el mayor esfuerzo queda para el demandante. De todos modos, el Gobierno insiste en que no hay nada para embargar. Una discusión adicional es si los bienes tienen que estar en Estados Unidos o si entran en la lista activos en cualquier otro lugar del mundo. Griesa no resolvió al respecto pero, en línea con la versión argentina, se mostró escéptico respecto de que pudieran encontrarse grandes cosas. “No son la General Motors, Sony o Toyota”, graficó. Menem se encargó en su momento de dejar a la Argentina sin bienes comerciales en el exterior, debido a las privatizaciones.
Los fondos buitre, en conclusión, no encontrarán activos argentinos en el exterior que representen los 930 millones de dólares que piden. La mira, entonces, la pusieron en el dinero que el país envía a los organismos internacionales cuando cancela algún vencimiento. Antes de que intercepten algún pago –en marzo vencen 3000 millones de dólares con elFMI–, el Gobierno se anticipó y le pidió a Griesa que determine si corresponde o no que los organismos cobren sin quita. Es decir, si merecen considerarse acreedores privilegiados. Si el juez considera que sí, los dólares pasarán sin que nadie los toque. Y si falla que no, entonces el problema lo tendrán el FMI, el Banco Mundial y el BID. De allí que el gobierno de Estados Unidos se haya presentado ante Griesa para decir que los organismos son acreedores privilegiados.
Más allá de seguir buscando caminos para cobrar ahora, los fondos buitre juegan a largo plazo. Su estrategia es poner palos en la rueda cada vez que puedan. Por ejemplo, amenazando con embargar las comisiones que el Gobierno les pagará a los bancos internacionales que actúen como intermediarios en la reestructuración de la deuda. Una versión indica que por esa razón varios bancos desistieron de la operación (ver aparte). Ese picoteo constante del buitre debería llevar algún día a la Argentina a querer arreglar, y allí es cuando sacarán la tajada. Ese es su negocio.