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Al igual que el voto contra Cuba en la ONU, la negativa de los gobiernos argentinos a extraditar militares requeridos por la Justicia de otros países que investigan los crímenes cometidos durante la dictadura, a esta altura, podría considerarse –ya oficialmente– otra política de Estado para lamentar. Ayer, el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, consideró “inadmisible” que se juzguen en otros países las violaciones a los derechos humanos sucedidas aquí. De esta forma, el gobierno de Eduardo Duhalde anticipó que seguirá la misma senda iniciada por Carlos Menem, luego continuada por Fernando de la Rúa.
“La trasnacionalidad no es admisible”, remarcó Vanossi, al ser consultado sobre la actitud que tomaría en caso de que un tribunal extranjero pida la extradición de un represor argentino. El ministro –en su primera aparición luego de ser abucheado en el acto conmemorativo del atentado a la Embajada de Israel– recordó que Argentina “suscribió y ratificó” el acuerdo para la creación de un tribunal penal internacional que en un hipotético futuro se dedicará a investigar los delitos de lesa humanidad. Hubo otros países –como es el caso de Estados Unidos– que firmaron el acuerdo pero luego no lo confirmaron, por lo que la efectiva constitución de ese tribunal continúa en la nebulosa.
Salvo en el breve interregno que duró Adolfo Rodríguez Saá en el sillón de Rivadavia, los presidentes argentinos mantuvieron siempre la misma línea de defensa de la territorialidad de la justicia. La inició Menem con el decreto 111/98 y la hilvanó De la Rúa con el 1581/2001, con ambas normas rechazaron todo tipo de colaboración con los jueces que investigan los crímenes del terrorismo de Estado en otras partes del mundo.
El decreto firmado por De la Rúa apenas 15 días antes de su repentina salida se dedicó largamente a defender las políticas de derechos humanos de Raúl Alfonsín y Menem, incluidos las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y hasta los indultos. Luego establecía que la Cancillería rechazaría todos las solicitudes de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional. Agregaba que los pedidos de arresto provisorio que llegaran desde el extranjero se remitirían al juez competente para que resolviera qué hacer, aunque, en definitiva, la Cancillería ya sabía qué era lo que tenía que hacer. El decreto fue utilizado por primera vez por Duhalde para rechazar la extradición del represor Alfredo Astiz formulada por el gobierno de Suecia por el secuestro y desaparición de Dagmar Hagelin.
En la semana que duró su mandato, Rodríguez Saá prometió dar curso a los pedidos de extradición. El puntano puso a cargo de la Secretaría de Justicia al abogado Alberto Zuppi, quien representa a gobiernos europeos en causas por crímenes de lesa humanidad. Con todo, lo de Rodríguez Saá fue tan breve que nunca pudo verificarse si cumpliría la promesa y rompería con lo que Vanossi confirmó como una política de Estado.