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La Procuración General de la Nación deberá dictaminar sobre los planteos de inconstitucionalidad presentados contra la ley que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el acuerdo de ayer, los ministros acordaron en pedir la opinión del Ministerio Público antes de expedirse sobre la validez o no de esa norma. El ex procurador Nicolás Becerra se había inclinado, en un escrito muy contundente, a favor del juzgamiento de los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura militar. La Corte, sin embargo, postergó una definición sobre este tema y envió el expediente a la Cámara de Casación. Ahora, los ministros están interesados en que la Procuración opine no ya directamente sobre las leyes de impunidad sino sobre la norma que votaron los diputados y senadores el año pasado que anuló la Obediencia Debida y el Punto Final. Luego de esa decisión legislativa, la Cámara Federal ordenó la reapertura de las causas en las que se investigan los secuestros y desapariciones en la ESMA y en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Con la salida de Becerra, el Poder Ejecutivo postuló para ese cargo a Esteban Ri-ghi, pero el candidato aún debe pasar por filtros similares a los establecidos para los jueces de la Corte Suprema. Voceros de la Corte señalaron que “lo lógico sería que esperaran que llegara el nuevo procurador para pronunciarse”.