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Por H. V.

Mientras la Armada pronuncia el corte con los valores y los métodos de la dictadura, en la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se ha formado un núcleo de militares nostálgicos de aquellos tiempos, protegidos por el fiscal Norberto Quantín. En 1976 Quantín fue uno de los firmantes de la cesantía de la entonces secretaria de Cámara Carmen Argibay. Ahora como Secretario de Seguridad, designó en direcciones importantes a los coroneles retirados Armando Enrique Zarabozo y Enrique Mónico López Ascárate, cuyos antecedentes son inquietantes.
Zarabozo fue uno de los ideólogos del alzamiento carapintada de 1987 y participó en la redacción de sus documentos públicos, junto con el capitán Gustavo Breide Obeid. Condenado a diez años de reclusión por el último alzamiento carapintada, Breide cumplió siete. Al quedar en libertad organizó un Partido Popular Revolucionario, que sigue reconociendo el liderazgo de Mohamed Seineldín. El año pasado, ante las primeras medidas del actual gobierno, publicó una declaración en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, titulada Prevalece la venganza en la que acusó a Kir-
chner de ser “presidente de una facción”. Zarabozo tuvo más suerte, no fue a la cárcel y siguió en actividad hasta hace unos años pese a su rol central en el alzamiento. Según el diario Río Negro, junto con su esposa y otros colegas de inteligencia formó una compañía proveedora de alimentos a los contratistas de obras hídricas de la Patagonia. Uno de los socios era el Jefe de la SIDE en Neuquén, Ricardo Plavovski. En 1993 fue relevado cuando se supo que usaba las escuchas telefónicas de la inteligencia estatal para conocer los precios de sus competidores y afectaba a la empresa vehículos oficiales.
López Ascárate pasó todos los años del gobierno de Isabel Perón y los primeros de la dictadura en el Batallón de Inteligencia 601, cuyos jefes están detenidos en la actualidad. Entre enero de 1979 y setiembre de 1980, con el grado de mayor, fue jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 142 de Santiago del Estero. Esa es la dependencia del Ejército con la que coordinaba sus operaciones el comisario Antonio Musa Azar, a quien el gobierno nacional denunció a raíz de ello por crímenes contra la humanidad. El jefe de Gabinete le reclamó al ministro Gustavo Beliz el alejamiento de ambos coroneles. En una tensa reunión que duró hasta la madrugada, Quantín dijo que en ese caso él también se alejaría y argumentó que ni Zarabozo ni López Ascárate han sido acusados por casos específicos de violaciones a los derechos humanos, lo cual es por ahora cierto. Esta semana ambos seguían en funciones.
Carmen Argibay era secretaria de la Cámara de Apelaciones penales de la Capital. El 24 de marzo de 1976 “voltearon la puerta de casa y me llevaron a la cárcel” recuerda la ahora candidata a integrar la Corte Suprema de Justicia. “Nunca me explicaron por qué”. Lo hubiera sabido de conocer el expediente administrativo 4457/76 que instruyó la Cámara. A solicitud del tribunal, el ministro del Interior general Albano Harguindeguy informó que Argibay estaba detenida a disposición del Poder Ejecutivo. Eso bastó para que la Cámara la suspendiera sin goce de sueldo en abril y la cesanteara sin indemnización en setiembre. La decisión se tomó en un “acuerdo secreto” y lleva la firma, entre otros, del presidente del tribunal, Mario H. Pena (procesado luego de la dictadura por haber prestado la morgue judicial a las Fuerzas Armadas para el trasiego ilegal de cadáveres), de los camaristas Miguel Angel Madariaga, Marcelo García Berro, Raúl Madueño, Miguel Angel Almeyra (hoy abogado defensor de Fernando de la Rúa), y la del fiscal de Cámara Norberto Julio Quantín. Argibay solicitó reconsideración desde la cárcel, pero la Cámara no hizo lugar.
Cuando uno de los interventores de las Fuerzas Armadas en la Corte Suprema de Justicia, Horacio Heredia, preguntó “si existen antecedentes concretos sobre las actividades de la doctora Argibay”, Harguindeguy contestó que estaba vinculada “con actividades subversivas” que por supuesto no especificó. La “documentación” que lo probaba era confidencial y secreta y “de uso exclusivo de los servicios de inteligencia”. La Corte Suprema lo consideró suficiente y confirmó la cesantía. Consultada para esta nota, Argibay dijo que Quantín “nunca se tiró en mi contra, cosa que no puedo decir de otros, que se decían amigos”. También dijo que la fórmula que aparece en la cesantía (“oído el señor fiscal de Cámara, quien suscribe esa resolución”) se usaba en los casos en los cuales se fallaba en contra de la opinión del fiscal. Otros funcionarios y ex funcionarios del fuero lo niegan. Además, en la solicitud de reconsideración, que Quantín también firma, no se emplea esa fórmula. Además, no apeló ninguna de esas resoluciones. Un actual camarista respondió por escrito a la consulta: “Los acuerdos son de y para los camaristas. No es función del fiscal de Cámara estar presente en un acuerdo en el que intervienen sólo los jueces de Cámara. Si uno de los tres fiscales de Cámara participó de un acuerdo fue por cortesía de los jueces y por haber expresado su interés en presenciarlo. Nunca supe ni en el pasado ni ahora de la existencia de acuerdos secretos. Si esa ruindad de acuerdo secreto existió, resulta paradójica la presencia de quien no tenía obligación funcional de concurrir y no tenía voto. La firma luce así para dar aval y fuerza a semejante infamia que se basó en un decreto, basado a su vez en información secreta de los servicios de inteligencia”. Ninguno de los consultados aceptó que se publicara su nombre. En las actuales circunstancias no es seguro.