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Las decisiones de política económica adoptadas por el gobierno del senador Eduardo Duhalde habrán creado a fin de este año no menos de 5,5 millones de nuevos pobres. Sumados a los 14,5 millones registrados en octubre del año pasado, darán un total de más de 20 millones de argentinos por debajo de la línea estadística de la pobreza, que hoy está en 550 pesos mensuales para una familia tipo, de matrimonio con dos chicos. En tales condiciones, el ofrecido subsidio de 150 pesos para 1,2 millones de jefes de hogar desocupados, lejos de combatir la pobreza la perpetuará. Un estudio comparativo realizado por el Frente Nacional contra la Pobreza sostiene que el programa conducido por la esposa presidencial Hilda González es una “mera estrategia asistencial y de control destinada a contener el cuadro de ingobernabilidad” y a recomponer el ascendiente del Partido Justicialista “sobre la población en situación de indigencia a los efectos de evitar un mayor deterioro sobre su ya averiada estructura territorial y electoral”. La inclusión en estos planes de pequeñas y medianas empresas, que podrán utilizarlos para pagar parte de los salarios de sus trabajadores, se prestará a todo tipo de fraude laboral, por más que se declare la intención de combatirlo, para lo cual el Estado carece de estructuras apropiadas.
Al poner en marcha su programa desde Entre Ríos, la señora González de Duhalde lo comparó con el Seguro de Empleo y Formación propuesto por el Frenapo, que más de tres millones de personas plebiscitaron en diciembre pasado. “Si dispusiéramos el salario que ellos proponen estarían ganando los desocupados más que los trabajadores y estaríamos generando vagos”, dijo, en clara admisión de la diferencia entre uno y otro. La consigna del Frenapo (“Ni un hogar pobre en la Argentina”) forma parte de una estrategia de redistribución progresiva del ingreso, que reactivaría la economía y superaría la depresión económica. Su idea central consiste en fijar un piso, como en otros tiempos lo hizo el salario mínimo, por menos del cual nadie aceptaría trabajar. Actualizado según los índices de inflación que comenzaron a crecer a partir de la devaluación del peso, el Seguro que reclama el Frenapo ascendería a 420 pesos mensuales para los Jefes de Hogar desocupados/as, más una asignación universal por hijo de 65 pesos (tengan o no empleo sus padres) y una asignación para los mayores sin cobertura previsional de 165 pesos mensuales. En cambio la propuesta oficial es “la estrategia necesaria de un gobierno que, lamentablemente, ha elegido un camino que manteniendo la lógica del ajuste perpetuo, indujo por vía de la devaluación y la pesificación consumadas un shock redistributivo de sentido exactamente inverso. En lugar de transferir en un año 12.000 millones de dólares a desocupados, ancianos y menores -12.000 millones de pesos de diciembre 2001– ha transferido 13.132 millones de dólares –36.769 millones de pesos de hoy– en apenas tres meses a los principales grupos empresarios con orientación exportadora y propietarios de dólares acumulados en el exterior por una cifra equivalente a un año de PBI argentino (según la estimación del Ministerio de Economía la fuga asciende a 105.000 millones de dólares)”, sostiene el Frenapo.
La propuesta oficial implica, como mínimo, una completa confusión acerca del empleo y la pobreza, ya que ni todos los desocupados son pobres ni todos los pobres están desocupados. Debido a la existencia de no menos deun 22 por ciento de desocupados, el mercado de trabajo no tiene piso salarial y cualquier oferta es aceptable, de modo que es perfectamente posible tener empleo y no superar la línea de la pobreza. Según cifras de octubre del año pasado, que sin duda han empeorado desde entonces, el 73 por ciento de los jefes/as de hogar pobres no están desocupados sino mal ocupados, por lo cual no podrían acceder al subsidio de 150 pesos que, sin cobertura previsional ni sanitaria, convalidará la precariedad laboral absoluta y reducirá aún más el nivel del salario mínimo. Es inferior al ingreso promedio de los hogares pobres (que en octubre de 2001 era de 200 pesos) y apenas superior al promedio del de los hogares indigentes, de 118 pesos. De este modo, el subsidio sólo opera como una alternativa favorable para este contingente, que preferiría abandonar su actividad actual. Así se extendiera a todos los desocupados, seguiría consolidando la regresividad y la tendencia económica y laboral que ha convertido a la Argentina en una eficiente fábrica de pobres. En valores absolutos, los jefes/as de hogar pobres que tienen menores a cargo son 2,4 millones, es decir la mitad de quienes recibirán el subsidio duhaldista, lo cual torna ilusoria la pretensión de universalidad machacada por la costosa publicidad oficial. El subsidio también discrimina entre los más pobres, al asignar la misma suma a cada familia, con independencia del número de sus hijos. Para una familia con un hijo, el pibe vale 150 pesos; para una con cinco chicos, 30 pesos cada uno. El análisis del Frenapo afirma que, aun sin proponerse la redistribución, el mejor mecanismo “para llegar a los pobres de manera compensatoria y sin alterar la dinámica laboral sería privilegiar el subsidio a los menores”, ya que los hogares pobres con menores a cargo “involucran al 89 por ciento de las personas en situación de pobreza y al 92 por ciento de la población en situación de indigencia”. En estas condiciones, parece evidente que la verdadera finalidad del plan Chiche es contener a los jefes/as de hogar con menores a cargo en situación de indigencia, 840.864 personas en octubre de 2001, tanto ocupados como desocupados. “Esta direccionalidad no puede desgajarse del intento de restituir condiciones de legitimidad y eficacia electoral para el Partido Justicialista sobre un espacio social que le ha sido normalmente afín y que en los últimos años, de la mano de la depresión económica, la expansión de la desocupación y la pobreza, así como por la emergencia de las organizaciones territoriales de desocupados (piqueteros), comenzó a tomar distancia de la estructura Justicialista. Más aún, lo expuesto resulta especialmente cierto frente al colapso económico de la Provincia de Buenos Aires y particularmente en el segundo cordón del Conurbano”, añade el estudio.
Esta situación sólo tiende a agravarse, debido al incremento en el costo de vida, mientras los salarios permanecen congelados, que es el objetivo central de la política económica vigente tal como la conciben el gobierno y el FMI. Los índices oficiales no reflejan toda su gravedad. Como los precios de los alimentos son los que más están subiendo, el impacto de la inflación en los hogares más pobres, que dedican a la alimentación un porcentaje mayor de sus ingresos, es un 50 por ciento mayor que el promedio. En los hogares más ricos, en cambio, es un tercio inferior al promedio. Dicho de otro modo, el índice inflacionario de este año será de casi el 70 por ciento para los más pobres y ni llegará al 30 por ciento para los más ricos. Considerando todos estos elementos, es previsible que en la medición semestral del mes próximo habrá 17 millones de pobres y 7 de indigentes y en la de octubre 20 y 9,5 millones respectivamente. Hasta el vicejefe de gabinete, Juan Pablo Cafiero admitió que “si se produce un rebrote inflacionario el plan se esfumaría porque los 150 pesos no alcanzarían a cubrir necesaridades básicas”. La fábrica de pobres y miserables es la única en plena producción, lo cual reduce de modo alarmante los espacios democráticos y la seguridad general, frente a locual el gobierno no tiene otra respuesta que clamar por reformas que endurezcan el Código Penal.