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La provincia de Buenos Aires tendrá, a partir de 2005, 68 nuevas fiscalías. A diferencia de las 390 que funcionan actualmente, 40 de ellas funcionarán en forma descentralizada, en las ciudades y barrios del Gran Buenos Aires con mayores índices delictivos, y no en los tribunales de cada distrito, como ocurre hasta ahora. “El objetivo es facilitar a los denunciantes el acceso a la Justicia, pero también fortalecer la persecución penal de los delitos en todo el territorio de la provincia”, aseguró el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco. Lomas de Zamora, el distrito judicial con mayor densidad poblacional y delictiva de la provincia, tendrá un refuerzo adicional de 18 fiscalías en sus tribunales. Otras 10 serán creadas en ciudades del interior de la provincia. Para el funcionamiento de las nuevas fiscalías, no sólo será necesario designar funcionarios sino también habilitar las sedes correspondientes, lo que requiere un presupuesto anual estimado de 50 millones de pesos anuales.
Las nuevas fiscalías estarán acompañadas por la creación de 24 defensorías oficiales. Cada fiscalía estará integrada por un equipo de nueve personas, incluidos el agente fiscal, los adjuntos, los instructores y el personal de planta. Cada defensoría contará con un plantel de ocho, incluidos el defensor titular, los adjuntos y los funcionarios administrativos.
Para el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, la creación de nuevas fiscalías “es una buena medida, pero no es la panacea”. Para el fiscal los anuncios deberían estar acompañados por otras resoluciones, dado que “todo el sistema judicial está infradimendionado: en Morón en 1998, la carga anual era de 30 mil causas anuales y ahora es un 50 por ciento mayor”, dijo a Página/12.
En el sistema judicial bonaerense, los fiscales tienen un rol protagónico, puesto que sobre ellos recae la responsabilidad de la investigación. Cada medida solicitada por el fiscal, por otra parte, debe ser autorizada por un juez de garantías. Es por eso que, por cuerda separada, se tramita la designación de 26 nuevos juzgados en toda la provincia. “El proyecto ya tiene media sanción en la Legislatura provincial”, afirmó Di Rocco.
Lo que anunció ayer el ministro, en realidad, fue el proyecto para crear las nuevas fiscalías que el lunes el gobernador Felipe Solá enviará a la Legislatura. La distribución territorial fue establecida de acuerdo con el mapa del delito que elaboraron los ministerios de Seguridad y Justicia junto con la Procuración bonaerense. El reparto de fiscalías descentralizadas favorece a los distritos más extensos y poblados: habrá seis en Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, Morón y San Martín, mientras que en San Isidro se abrirán cuatro, y en La Plata y Zárate Campana, dos.
El refuerzo extra para Lomas de Zamora, con otras 18 fiscalías, apunta a aliviar la sobrecarga de tareas que tienen los funcionarios judiciales de ese distrito. “Por cada turno, que dura tres días, cada fiscal recibe entre 600 y 800 causas en promedio”, pone como ejemplo Di Rocco.
También se crean diez nuevos cargos de agentes fiscales con destino a departamentos judiciales del interior de la provincia; 35 fiscales adjuntos y 35 auxiliares letrados, “quienes deberán radicarse obligatoriamente en los distritos donde sean designados”, precisó el ministro.
Además de la aprobación de la Legislatura, la designación de nuevos fiscales requiere de un llamado a concurso, que estará a cargo del Consejo de la Magistratura bonaerense. En el Ministerio de Justicia estiman que los nuevos funcionarios podrían estar trabajando en febrero próximo, después de la feria judicial. La designación de los instructores y el personal auxiliar, en cambio, estará a cargo de la procuración.
Para el fiscal Nieva Woodgate, los mayores problemas “no están en la Justicia de instrucción (donde se crean las nuevas fiscalías) sino en el tránsito que va desde la elevación a juicio hasta que se fija la fecha de audiencia”, tarea que está a cargo de los tribunales orales.