[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Corte Suprema de Justicia está interviniendo, a través de sus fallos, en la discusión económica, fundamentalmente en materia laboral y previsional. Esa tarea la emprendió simplemente haciendo lo que tiene que hacer: con resoluciones ejemplares, con fundamentos que resultan difícil de rebatir por su solidez y con una concepción humanista de trasfondo que debería reconciliar a la sociedad con el máximo tribunal. Puede ser que por todo eso las sentencias que restablecen para el trabajador el principio de igualdad ante la ley hayan incomodado al mundo empresario. Este, que con dificultad se ha acomodado a los nuevos vientos, evitó una reacción destemplada porque comprobó que no es una buena vía para obtener respuestas a sus reclamos. En cambio, sus voceros mediáticos, muchos de ellos añorando los negocios ligeros de los noventa, arremetieron con su estrategia conocida: decir medias verdades, que es lo mismo que confundir para terminar engañando.
El fallo más polémico de la Corte fue sobre la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley de Accidentes de Trabajo que regula el funcionamiento de las ART. Otros con impacto en la economía avanzaron en la tarea de reparación de los desaguisados del pasado reciente. Para desacreditar esa labor, nostálgicos de un tiempo que definió al trabajador como material descartable acusan de “kirchnerista” a la Corte, dicen que reflotará “la industria del juicio” y que ante la incertidumbre que tendrán los empresarios, se “frenará la creación de empleo”.
Puede ser que esos críticos, que les parecía normal que funcionara una Corte de mayoría automática menemista, no tengan la capacidad de comprender que no todo es igual a ellos. Y que postular candidatos de reconocido prestigio no es lo mismo que nombrar amigos y socios del estudio de la familia gobernante. Esa dificultad en percibir la diferencia los lleva a vociferar que se trata de una Corte kirchnerista, cuando es público que el fallo sobre ART no fue del agrado del Gobierno. Lo prueba la reacción de Roberto Lavagna advirtiendo sobre el riesgo del retorno de la industria del juicio y la tarea que emprendió con celeridad Carlos Tomada para preparar un proyecto de ley para contrarrestar el efecto.
El otro fantasma que han convocado es el de la industria del juicio.
Pedro Kesselman, director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital, lo exorciza en forma muy sencilla: “La industria del juicio es una declamación para asustar suegras” (ver suplemento Cash, debate sobre las ART). La idea que sostiene que respetar los derechos de los trabajadores ante accidentes laborales puede provocar quiebras de empresas es la falacia más repetida. Esa es la forma de generar pánico. Reiteran, sin pruebas, que los trabajadores que acuden a la instancia civil cobran muy poco y que gran parte de la indemnización se la llevan los abogados. Eso no es cierto porque el porcentaje que el letrado le puede cobrar al trabajador está regulado.
Los recientes fallos de la Corte en materia laboral y previsional son trascendentales porque propone a la sociedad un impostergable debate cultural sobre el significado sustancial de la Constitución Nacional, sus valores y compromisos con los derechos humanos sociales universales. El máximo tribunal empezó a corregir así la doctrina en esos temas seguida por ese mismo cuerpo en tiempos de la mayoría automática menemista. En una resolución se ocupó de la supresión del tope a la liquidación de jubilaciones. En otra eliminó el tope a las indemnizaciones por despidos sin justa causa que se venía aplicando desde 1991. Después dejó sin efecto el “sistema de la Justicia Federal” para los juicios por accidentes del trabajo, que constituía para los empleados una barrera para reclamar. Y, finalmente, el fallo sobre el régimen de ART. También manifestó su intención de avanzar rápido en la definición de la constitucionalidad o no de la pesificación, revelando en sentencias particulares su predisposición a avalar ese medida, que resultó el avance más importante para recuperarla moneda doméstica, condición indispensable para pretender una estrategia de desarrollo propia.
Una Corte Suprema renovada, con audacia y trasparencia, puede ser que produzca, y en los hechos por ahora lo está produciendo, cambios a una dinámica económica que se resiste a partir.