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Por M. G.

Cuando Gustavo Beliz era ministro recibió una denuncia anónima pero documentada según la cual la Gendarmería había concedido un polígono de tiro a una empresa que no reunía las condiciones para ser contratista del Estado. Además, tal como fue publicado en el 2003 por Página/12, la contratación fue directa y no cumplió con el pedido de presupuestos. Para completar el cuadro, la cúpula de la Gendarmería concesionó servicios, por ejemplo de restaurante, que no estaban en el pliego original. En lugar de cortar de inmediato el contrato, y aunque realizó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, el ministro permitió que el polígono fuera habilitado y que la conducción de los gendarmes hiciera una morosa presentación ante la Justicia. Lo cerró luego el Renar, el ente encargado del control de armas. El ministerio nunca consideró que la cúpula de la fuerza hubiera tenido responsabilidad alguna en un proceso en el que, como mínimo, la dirección miró hacia el costado.