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Para el juzgado penal a cargo de la investigación del caso Cromañón, la pista de una eventual ruta de lavado de dinero detrás del imbricado mundo de las operaciones financieras ligadas al empresario Omar Chabán no parece tener demasiada importancia. “A mí dígame de quiénes son ahora las empresas y quiénes están”, le dijo la jueza María Angélica Crotto al jefe de la IGJ, Ricardo Nissen, cuando –entusiasmado– quiso remontarla hasta las paleohistóricas andanzas de los financistas conectados con offshore en Islas Vírgenes y de Uruguay.
La resolución final redactada por la magistrada para procesar a Chabán es un reflejo de esa línea. La jueza buscó determinar hasta ahora sólo cuál era la relación formal de Chabán con el gerenciamiento del lugar, dado que su nombre no aparecía entre ninguno de los accionistas ni como parte de los directorios de las tres empresas que están dando vueltas en la causa.
“Está probado, al menos con el grado de rigor que esta etapa impone -indicó Crotto– que Omar Emir Chabán no era el propietario del predio que pertenece a una sociedad denominada Nueva Zarelux SA, que tampoco era el titular de la habilitación expedida a nombre de otra sociedad denominada Lagarto S. A.” No obstante, continuó, “se cuenta con elementos de cargo suficientes como para saber que sí era quien explotaba el lugar, organizaba los espectáculos y que lo hacía con el conocimiento de que la habilitación del comercio se encontraba –como se ha dicho– a nombre de Lagarto S. A., razón social que en el mes de agosto de 2002 fue adquirida por Daniel Marcelo Ripa y Eduardo Enrique Ripa”, entre otros.
Los Ripa, según escribió la jueza, “tenían una relación contractual” con Chabán al igual que Rafael Levy, otro de los mencionados desde los primeros días de la investigación. En el expediente determinó que Chabán “le alquilaba el local a Rafael Levy”.
Llegó a esa conclusión a través de aportes de testigos de peso. Entre otros, el testimonio de Gerardo Ariel Costabello, uno de los socios fundadores de Lagarto S. A., pero desligado de la empresa en agosto de 2002, cuando pasó a manos de los Ripa. En su declaración, Costabello “dio cuenta de haber tomado conocimiento para los meses de abril o mayo de 2004 y a través de uno de los hermanos Ripa que el predio en cuestión sería arrendado por Chabán, circunstancia que les permitía a los socios cancelar la deuda que mantenía con el testigo y con los ex integrantes de Lagarto S. A.”.
Como base de pruebas, tomó además el testimonio de dos empleados del hotel lindero, aparentemente también arrendado por Chabán. Según el expediente, los empleados “tuvieron a su cargo en el mes de noviembre de 2003” la elaboración de “un inventario con los bienes de valor existentes en el local donde funciona República de Cromañón”. Quien pidió ese inventario es una de las personas investigadas desde el comienzo por el juzgado: Rafael Levy. Según el expediente, Levy “le alquilaría el lugar a Omar Chabán” desde el 31 de marzo de 2004. Y una prueba hallada sería el inventario: “Cuando se concluyó, Chabán plasmó su firma al pie de cada una de las páginas” y su número de documento, aseguró un empleado.
La póliza del salón, además, estaba a nombre de Hotel Central Park SRL, pero lo pagaba Chabán mensualmente con un depósito en la cuenta que la firma tiene en el banco Credicoop.