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Otras voces

- Ricardo López Murphy, titular de Recrear: “¿Cómo puede ser que esto estuvo oculto durante meses, oculto por el gobierno nacional? El argumento de que no tenían información es falso. Teníamos una determinada categoría en los aeropuertos por nuestra seguridad en el año 2000, y en el año 2002, todos los aeropuertos tuvieron que incrementar dramáticamente su seguridad por los episodios de septiembre 11”.
- Elisa Carrió, jefa del ARI: “El poder trafica. Es muy parecido lo que está sucediendo a la época de Menem. No hay bandas de narcotraficantes, pero trafica el poder. Yo no le creo a Kirchner. Yo vengo denunciando hace un año zonas liberadas en Aduana. El dinero del narcotráfico solventa la política nacional hace años. Quien controla la seguridad controla el negocio de la droga; me refiero a todos los organismos de control. Acá hay un pase de manos sobre el tráfico de drogas. Aduana no puede decir que no controla”.
- Hilda “Chiche” Duhalde, diputada nacional del PJ: “Es un tema realmente muy complicado, donde evidentemente hay una cadena de complicidades, pero que el Gobierno ha encarado bien, ha metido mano a fondo. Evidentemente, estamos en el buen camino, ya que por primera vez se va a meter mano a fondo por este acontecimiento. Como siempre digo, (el escándalo por narcotráfico) es producto de esta Argentina que tuvimos que vivir, que entró en un estado de decadencia moral muy grande, y que tiene que reconstruirse”.
- Patricia Bullrich, titular de Unión por Todos: “Si la Justicia, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Policía Aeronáutica y la misma empresa Southern Winds, relacionada al Estado, estaban al tanto de lo sucedido, ¿cómo se le pudo escapar esto al jefe de la SIDE? Es necesario que se disponga la inmediata suspensión de los subsidios con que el Estado nacional subvenciona los vuelos de la empresa”.
- Federico Pinedo, diputado nacional de Compromiso para el Cambio: Presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que se investigara la asociación entre la línea aérea estatal Lafsa y la privada Southern Winds. En su presentación sostuvo que “500 personas cobrarían sueldos en Lafsa sin prestar servicios efectivamente. Ingresaron a Lafsa centenas de empleados y funcionarios jerárquicos, que no cumplirían ninguna otra función socialmente útil distinta de la de cobrar”.

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