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Los titulares de los bloques parlamentarios del radicalismo denunciaron que desde el año 2001 a la fecha, las compañías telefónicas no conformaron el fondo fiduciario con el que se solventarían las obras que acercan el servicio a las zonas menos rentables. El fondo se estableció en el año 2000 por el decreto 764/00. Allí se establecía que las empresas destinarían el 1,1 por ciento de los ingresos que perciben en concepto de impuestos y tasas para garantizar el denominado servicio universal. Según los cálculos de la Auditoría, esa suma llega a unos 112 millones de pesos. La proyección de la cifra a estos días indicaría que las compañías adeudan unos 350 millones. Con el agravante de que el informe sostiene que las empresas de celulares le trasladaron a sus clientes ese 1,1 por ciento. La devolución que estas empresas tienen que hacer a sus abonados representaría el equivalente al 80 por ciento de la factura de un mes.
Con estos datos, los radicales llevaron la denuncia a la Oficina Anticorrupción. Allí se denuncia a los representantes estatales encargados de ejercer las tareas de contralor: la Secretaría de Comunicaciones, a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor y a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Los radicales también adelantaron que estudian presentar en la Justicia una medida cautelar para evitar que se renegocien los contratos que no se conforme el Fondo Fiduciario.