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Siete de cada diez argentinos están a favor de que todos los ciudadanos sean potenciales donantes salvo indicación expresa en contrario, aunque una cifra aún mayor (ocho de cada diez) está de acuerdo en que la última palabra la tenga la familia. En consonancia con esas opiniones, casi el 74 por ciento declara que, llegado el caso de la muerte de un familiar considerado donante presunto, facilitaría la ablación. Apenas un 5,2 por ciento dice que ejercería su derecho como familiar e impediría la donación. De ese 5 por ciento, la mitad asegura que se negaría por temor a que los órganos terminen vendidos.
Así lo reveló una encuesta realizada por la consultora OPSM (Opinión Pública Servicios y Mercados), que dirige Enrique Zuleta Puceiro, sobre las percepciones públicas en torno del proyecto de ley de “donante presunto”. El sondeo, desarrollado en febrero pasado, con 800 entrevistas directas en todo el país a mayores de 18 años, indagó sobre la medida en que una ley de ese tipo ayudaría a superar el difícil momento de una familia cuando debe decidir la intervención. El 60 por ciento respondió que ayudaría mucho o algo, el 12,6 que ayudaría poco y el 26,6 consideró que no serviría para ese fin.
Luego se preguntó si el Estado debe brindar un estímulo económico a las familias para promover las donaciones: casi el 60 por ciento dijo estar en contra porque “la donación es cuestión de conciencia y no debe haber dinero de por medio”. Pero el 34,4 lo consideró correcto, pues de esa forma el Estado estimularía la donación y ahorraría recursos. Por otra parte, el 45,7 por ciento cree que, de aprobarse el proyecto, puede aumentar mucho la disponibilidad de órganos para la donación; el 26,8 cree que puede aumentar algo; el 13,8, poco; y el 9,9, nada.
“¿Por qué razones el nivel de donación de los argentinos no es suficiente para cubrir la demanda?”, se preguntó en otro tramo. Las respuestas (más de una posible) fueron, en este orden:
- Falta de información de los médicos que no estimulan la donación (41,5 por ciento de menciones).
- Miedo al comercio de órganos (33,3).
- Los argentinos son hipócritas: hablan a favor pero no donan (24,3).
- Por falta de educación/falta de conciencia (18,5).
- La gente no quiere pensar en la muerte propia ni en la de sus seres queridos (15,3).
- Las creencias religiosas dificultan la donación (12,8).
- Falta infraestructura y apoyo del Estado para realizar los operativos con rapidez (3,9).
Por último, el 73,7 por ciento de los encuestados afirmó que facilitaría la ablación si alguien de su familia fuese considerado donante presunto por una ley como la que se está debatiendo. Y el 5,2 aseguró que la evitaría porque es su derecho. Entre estos últimos, el 53 por ciento dijo que lo impediría porque “tengo miedo de que vendan los órganos”. El 19,4, porque “no quiero que dañen el cuerpo del familiar”. El 10,2, porque “en ese momento no querría que me molesten”. Apenas el 2,3 argumenta que “mi escala de valores me lo impide” o “no estoy de acuerdo con la donación”. Y otro 2,3 se expide de esa manera porque “mi religión lo impide”.