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La comisión parlamentaria que investiga responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en la tragedia de Cromañón expedirá su dictamen, en forma pública, el viernes 29. No es seguro pero sí altamente probable que sea unánime, muy severo con Aníbal Ibarra. La comisión puede (aunque no está obligada a) proponer que se inicie juicio político. Es muy factible que lo haga y que consensúe el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay diputados que impulsan cargos más graves, como el abandono de personas, pero si insistieran en su posición no conseguirían el despacho uniforme.
Ibarra comenzó hace ya un par de semanas a anticipar la situación, buscando deslegitimar a la mentada comisión, acusándola de parcial y politizada. Los integrantes del ibarrismo se retiraron de ese ámbito, en el alba de su labor, lo que es un argumento (no muy consistente) del oficialismo porteño. La avanzada contra la credibilidad de la comisión se redoblará en la semana que comienza mañana. Para reforzarla el ibarrismo colecta firmas en pos de una solicitada para publicar antes del viernes apoyando al jefe de Gobierno, firmada por personalidades intelectuales, académicas, políticas y culturales.
Sea que haya dictamen único, sea que existan varios, el paso ulterior debe ser el pase a la Comisión de Juicio Político. El sistema de la Constitución de la Ciudad es intrincado, al menos para ser explicado en pocas líneas. El punto central es que, como su Parlamento es unicameral, debe dividirse en dos partes que cumplan los dos roles que en el nivel nacional ejercitan los diputados y los senadores. Estos dos sectores, “cámara acusadora” (45 legisladores) y “cámara juzgadora” (15 diputados), ya están determinados desde el inicio de su mandato. Del seno de la cámara acusadora surge la Comisión de Juicio político, equivalente a su homónima de Diputados.
El pase de la actual comisión a la de Juicio Político es inevitable, pero queda en debate si es necesario algún tratamiento previo por el pleno en el recinto. Ocurre que el texto legal, el artículo 94 de la Constitución, no prevé el tema, adoleciendo de lo que en jerga jurídica se llama “laguna legal”. En estos días se debatirá qué hacer. Algunas posiciones son previsibles, siendo que una sesión general puede propiciar movilizaciones callejeras o habilitar mayor repercusión mediática que la pura presentación del informe y su paso a otra comisión parlamentaria. El ibarrismo (y seguramente los legisladores kirchneristas) propondrá que no es necesario ningún trámite en el pleno. Los bloques de izquierda capitalina y el legislador Milcíades Peña posiblemente propongan que haya reunión plenaria. El ARI de Elisa Carrió y el macrismo van a fungir de fiel de la balanza.
Carrió, quien prometió a los familiares de las víctimas avanzar con el juicio político si hay dictamen incriminatorio, matizó su punto ordenando a sus legisladores extrema prudencia institucional. Entre otras consignas, acordó con sus diputados promover el “trámite secreto y documentado” en la comisión y evitar mezclar la investigación con la campaña electoral.
Mauricio Macri, que no brilla por su pulsión institucional pero que como buen adalid de la derecha prioriza el interés individual, quizá haga algo similar. Ocurre que su ofensiva anti Ibarra en enero resintió su imagen pública. Cuentan sus allegados que sus actuales asesores, algunos importados, le aconsejan fervorosamente que no reincida. La Comisión de Juicio Político ya tiene su reglamento que se utilizó en precedentes causas contra integrantes del Consejo de la Magistratura. El reglamento reveló tener muchos baches, cuestionados por los acusados, y fue emparchado varias veces. En su actual redacción establece un plazo de sesenta días hábiles, prorrogables. Ese término, equivalente a tres meses corridos, puede llegar a coincidir con la fecha de las elecciones. Sería tan patético como innecesario que se votara algo decisivo en ese marco acelerado, con la mitad de los legisladores a un tris de terminar su mandato y varios en campaña para ser reelectos.
Desde que ocurrió Cromañón, como sucedió en tantos casos de supuesta responsabilidad funcionarial, comenzó el clamor en pos de justicia y contra la impunidad. Ese plausible clamor a veces se desvirtuó y rondó cerca del linchamiento. Por ejemplo cuando se agredió a Omar Chabán, cuando se le dificultó fijar domicilio, cuando se realizó una campaña feroz de descrédito a los probos camaristas que así resolvieron, cuando se presionó a León Gieco para que sacara de su disco una canción entonada a dúo con el solista del grupo Callejeros. Flaco favor le hicieron esos episodios a la procura de verdad y justicia, con la ley en la mano.
De cara a la investigación de las responsabilidades de Ibarra, es imprescindible que haya garantías para su avance y contra la eventual impunidad. Hasta ahora, más allá de polémicas inevitables, la Justicia y la comisión legislativa cumplen su cometido dentro de parámetros aceptables y sin demoras afrentosas.
Pero también hace falta garantizar (y esto compete a todas las fuerzas políticas del distrito) que un episodio institucional de enorme entidad quede a cubierto del frenesí propio de cualquier campaña electoral y de la extrema intolerancia que caracteriza a la de 2005.