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¿Qué tuvieron en común las causas de IBM-Banco Nación, del tráfico de armas a Croacia y Ecuador y de la Mafia del Oro, además de ser famosos escándalos de corrupción durante la década menemista? En todas ellas estuvieron vinculadas empresas offshore uruguayas –amparadas por la legislación de ese país– que fueron una pieza indispensable para cometer los delitos: sirvieron para pagar las coimas y blanquear dinero. Según Graciela Ocaña, una de las legisladoras del ARI que investigó el tema, “si las autoridades uruguayas quisieran, podrían colaborar en el esclarecimiento de grandes casos de corrupción, pero lamentablemente todavía hay voluntad de proteger una estructura financiera mafiosa”.
La legislación uruguaya permite el funcionamiento de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), firmas que tienen domicilio en el país pero pueden operar fuera del territorio. En las SAFI las tenencias accionarias no están registradas, se manejan con apoderados, y no elaboran balances sino una presentación formal anual. Durante la época menemista el caso más difundido fue el de la empresa Daforel, que intervino en los casos de corrupción más importantes de la década. Daforel abrió la cuenta 69.393 en el MTB Bank de Nueva York, mediante la cual se pagó una coima de 400 mil pesos para facilitar el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. La investigación se basó, en buena parte, en las declaraciones del traficante Diego Palleros, quien confesó que había abonado el dinero a “un influyente empresario vinculado al poder político”. Las sospechas apuntaron a Emir Yoma, cuñado del ex presidente Carlos Menem.
Por la cuenta de Nueva York también pasaron 20 mil dólares relacionados con la causa de contrabando de oro. Este caso se centró en una estafa al Estado por 150 millones de dólares, llevada a cabo por empresas que se beneficiaron con el cobro de reintegros de Aduana por exportaciones de oro que nunca existieron. Pero eso no es todo, ya que mediante Daforel también se transfirió una parte de las coimas de la causa IBM-Banco Nación.
Daforel fue inscripta por el contador uruguayo Miguel Rosemblum, que nombró como apoderada a una empleada de su estudio, Angela Touzet (una mujer de 81 años de edad). Pero luego de largas investigaciones los técnicos del Banco Central concluyeron que el verdadero dueño era el financista Pedro Stier, propietario de Multicambio (otra financiera fantasma).
En el caso IBM-Banco Nación parte de las coimas también fue cobrada mediante otra empresa residente en Uruguay: el Banco General de Negocios. Según la justicia de ese país, esa entidad bancaria fue utilizada para desviar el dinero del soborno hacia bancos de Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo. En marzo del año pasado un informe del Senado de los Estados Unidos señaló que el CGN transfirió 1 millón de dólares a una cuenta del Federal Bank en el Citibank de Nueva York. Ese dinero era una parte del retorno de 21 millones pagado en el resonante escándalo.
Pero las empresas uruguayas no sólo se utilizaron para pagar coimas, sino que también sirvieron para blanquear dinero de personas que querían burlar a la Justicia o a la DGI. Según algunos legisladores, el ex titular del Banco Central durante el gobierno de Carlos Menem, Pedro Pou, tiene campos a nombre de algunas sociedades uruguayas.
Según Ocaña, el mecanismo utilizado por empresas como Daforel es sencillo: “Estas empresas reciben el dinero de bancos y luego abren cuentas en bancos de primera línea en el exterior. O sea que el Estado uruguayo les da la base legal para el lavado de dinero, que no beneficia al pueblo, ya que prácticamente no se recauda nada en estas actividades”. Según la legisladora, “el sistema sólo beneficia a unos pocos estudios vinculados a figuras políticas tradicionales del país”.
Informe: Alejandro Gaggero.