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El proyecto de ley que el Parlamento debería tener aprobado hoy fue justificado por el presidente Jorge Batlle en su única reunión en dos años de gestión con el resto de los líderes políticos: se está ante la cesación de pagos por parte del Estado. En 1968, lo que provocó la inestabilidad social que llevó a los años de plomo fue que se dejara de pagar el sueldo a los empleados públicos. La alusión presidencial compara las situaciones.
El proyecto, de 14 artículos, reprograma los plazos fijos en dólares de la banca pública, que se devolverán 25 por ciento el primer año, 35 por ciento el segundo y 40 por ciento el tercer año. Las cuentas a la vista no serán reprogramadas. Los depósitos no extraíbles son canjeables, total o parcialmente y en cualquier momento por Certificados de Depósitos (bonos), a su vez comercializables en plaza.
En sus considerandos, el proyecto se justifica en que en siete meses del 2002 se retiró más del 45 por ciento de los depósitos bancarios. El propósito central de la ley es crear un “Fondo de estabilidad del sistema bancario”, a cuya junta asesora se invitó a participar al Frente Amplio, al sindicato y a la patronal bancaria. Esta es la primera vez que el FA es invitado a participar de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo; hasta ahora se le ha negado la participación entre otros en la Suprema Corte, pese a que la Constitución plantea su integración al gobierno como primera opción.
Este Fondo de estabilidad debe garantizar el total respaldo a los depósitos de los ahorristas existentes a la fecha en la banca estatal, según trascendidos en base a aportes de organismos multilaterales por 2500 millones de dólares. El proyecto también da amplias facultades al Banco Central para restringir de manera discrecional las operaciones de bancos y cooperativas de intermediación financiera.