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En duros términos, con argumentos variados y bastante perplejidad, distintas voces del ámbito jurídico, parlamentarios, médico y del feminismo cuestionaron el proyecto de ley que pretende limitar el aborto no punible a los casos en los que la mujer corra riesgo de muerte si prosigue con la gestación: inconstitucional, que agravará la problemática del aborto clandestino y que va en contra de la opinión pública mayoritaria que aprueba la legalización del aborto cuando hubo violación y de las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos fueron algunas de las críticas. Pero las observaciones no se limitaron a esa iniciativa. También alcanzaron al proyecto complementario, que propone –con un grado de perversión sin parangón– un sistema de subsidios y un seguro de atención psiquiátrica de por vida, para aquellas mujeres violadas, que en esa relación forzada, violenta, sin su consentimiento, quedaron embarazadas y tienen a la criatura. Los consultados coincidieron en que ambas propuestas legislativas son respuestas de sectores reaccionarios ante el avance del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Página/12 entrevistó a especialistas de distintos campos sobre ambas iniciativas. A continuación se resumen sus principales ideas. En primer lugar, contestan sobre el proyecto que restringe el derecho al aborto y además, aumenta el castigo a los médicos que lo practican en la clandestinidad (ver aparte). En segundo lugar, opinan sobre el que crea un subsidio para mujeres violadas que desisten de abortar y tienen a la criatura, y si quieren darla en adopción, establece que la ayuda económica se traslade a las parejas adoptante.

- Soledad García Muñoz, abogada especializada en Derecho Humanos, profesora de la Universidad Nacional de La Plata.

1 Está demostrado globalmente que la penalización del aborto no evita su práctica y sí empuja a las mujeres a realizarlos de manera clandestina y con grave riesgo para su salud y sus vidas. Los proyectos legislativos que insisten en mantener fuertes restricciones punitivas a las prácticas de abortos o incluso endurecer las existentes, no tienen en cuenta esta triste realidad y tampoco las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos –incluido el Comité de Derechos del Niños, respecto a las niñas y las adolescentes–. En aplicación de los tratados de derechos humanos, estos órganos llaman continuamente la atención de los Estados para que revisen su legislación punitiva del aborto y posibiliten la práctica legal y segura de abortos, especialmente en casos de violencia sexual o riesgo para la vida y la salud de las mujeres.

2 Todas las mujeres que son víctimas de una violación sexual tienen el derecho a que sus casos se investiguen con seriedad, a que se sancione adecuadamente a los responsables, a que se prevenga el sufrimiento aparejado a estas situaciones, mediante el acompañamiento y el apoyo psicosocial y económico que su circunstancia requiera (incluido por supuesto el caso de embarazo), y a obtener una reparación adecuada en todos los casos. Por ello, la propuesta de otorgar un subsidio únicamente a las mujeres que resulten embarazadas a consecuencia de una violación y a los hijos habidos en esas circunstancias resulta sumamente estigmatizante para las mujeres y los niños, discriminatorio e insensible al fenómeno de la violencia contra las mujeres. Resulta sorprendente que cuando falta una legislación integral en Argentina para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que traduzca legalmente las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, se insuman esfuerzos parlamentarios en este tipo de proyectos.

- Andrés Gil Domínguez, abogado, profesor de Derecho Constitucional.

1 Es inconstitucional cualquier reglamentación que ponga en duda, aunque sea mínimamente, la posibilidad de una mujer de interrumpir un embarazo cuando su vida o su salud corre riesgo; o en caso de violación: no se le puede imputar conductas de heroína que no están contempladas en la Constitución.

2 Está bien que el Estado profundice todas las posibilidades para que una mujer no aborte, pero debe dar respuestas cuando la mujer no quiere interrumpir el embarazo producto de una violación y también cuando sí desea hacerlo.

- Mabel Bianco, médica epidemióloga, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

1 Al establecer una inhabilitación especial del doble tiempo de la condena a los médicos que practiquen un aborto, más se van a resistir a atender en los servicios públicos los casos no punibles y va a aumentar el costo por el cual las atenderían en forma privada. Es una manera de agravar el problema. Ignora que a la mujer que tomó la decisión de interrumpir un embarazo y al grupo familiar que la acompaña no los frena nada, ni siquiera el riesgo de la ilegalidad o de poner en peligro su salud.

2 Los propios autores del proyecto reconocen el horror que significa para una mujer violada y embarazada tener ese hijo o hija, pero creen que se puede arreglar con dinero. Hay una tendencia en nuestro país a pensar que los daños morales e irreparables se pueden compensar con plata. En época de pobreza, podría llevar a que los familiares instaran a la víctima de una violación a que siga adelante ese embarazo forzado, sería otra forma de revictimizarla. Los autores no se preocupan por hacer algo para evitar que se reiteren las violaciones o que se eviten esos embarazos.

- Emilio García Méndez, diputado del ARI, abogado, experto en niñez.

1 No lo comparto. Soy partidario de una reglamentación seria del aborto no punible que contemple una definición amplia de salud en los términos de la OMS como la que se está trabajando en la Comisión de Salud. Muchas veces, frente a una reglamentación deficiente, hay personas e instituciones que por prejuicios ideológicos juegan en contra de la salud de las mujeres.

2 Debería estudiarlo más para opinar. Pero defiendo el derecho inalienable de las mujeres a decidir un aborto, ya sea cuando corre riesgo su vida o su salud o ha sido violada.

- Silvia Augsburger, diputada socialista.

1 Con este proyecto intentan esquivar el problema de que en los hospitales no se cumple con la atención de los abortos no punibles previstos en el Código Penal. Hay que transparentar la discusión: quien crea que el aborto es un crimen siempre debe plantearlo en esos términos. Debemos ocuparnos de que en la Argentina no se sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos y para que las mujeres pobres tengan los mismos derechos que las que no lo son.

2 El aborto ante un caso de violación es una decisión personal de cada mujer. El Código Penal lo permite y la mujer tiene derecho a optar por esa alternativa. La violación siempre es un drama para la salud psíquica de una mujer. Así ya lo ha interpretado la Justicia.

- Zulema Palma, médica, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

1-2 Los dos proyectos son complementarios. Eliminan el aborto no punible en casos de violación y también en casos de riesgo para la salud sobre la base de una interpretación equivocada de tratados internacionales. Cuando era diputada, María Julia Alsogaray presentó un proyecto similar. Los autores son herederos de esas ideas. Además, van en contra de lo que piensa mayoritariamente la sociedad argentina, que está de acuerdo en despenalizar el aborto en casos de violación, según señalan los últimos estudios de opinión pública. Para los autores siempre está mal el aborto, pero en realidad lo que están diciendo es que está mal que nosotras decidamos. En el caso del subsidio a mujeres violadas, dicen en los fundamentos que toman ejemplos de legislaciones de España y de otros países europeos, pero allí las mujeres pueden decidir y optar por un aborto. Ese proyecto es terriblemente siniestro, es un producto del neoliberalismo católico.

- Mariana Romero, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios Centro de Estado y Sociedad (Cedes), integrante del Observatorio Argentino de Bioética que coordina Flacso.

1 No toma en cuenta la decisión autónoma de la mujer de salvarse cuando su vida corre riesgo con un embarazo.

2 Si una mujer violada queda embarazada es porque falló el protocolo de atención que debe darse a toda mujer en esas circunstancias y que consiste en anticoncepción de emergencia y profilaxis contra el VIH-sida. El proyecto es ridículo. Pretende que el vínculo entre la madre y el hijo se construya a partir del sacrificio, en lugar del amor y el deseo. Es perverso construir un vínculo así. Por otra parte, establece que si la mujer entrega el bebé en adopción, los padres adoptantes se beneficiarán con el subsidio. ¿Van a crear un registro de hijos gestados en violación para dar en adopción? Los padres adoptivos que reciben una criatura no saben nunca en qué circunstancias se gestó.