El dictamen que acusa al juez Guillermo Tiscornia de pedir coima y copiarse textualmente planteos de la defensa de un imputado, ya tiene seis firmas y dos más aseguradas, un número suficiente para que el Consejo de la Magistratura lo suspenda y lo mande a juicio político. La votación será mañana en el plenario del organismo y contará con apoyos tanto del kirchnerismo como de la oposición. Los fundamentos de la acusación reflejan, además, una serie de datos que agravan todo el cuadro: la Cámara en lo Penal Económico le anuló 200 decisiones, tuvo multas, un apercibimiento y 14 llamados de atención.

Hace casi tres semanas, un día antes de que la Comisión de Acusación votara un proyecto para impulsar su destitución, Tiscornia imputó a la ministra Nilda Garré como sospechosa de contrabando de armas, pese a que no había un pedido en ese sentido de la fiscal de la causa. Ayer, dos días antes de que se apruebe su suspensión, el juez resolvió llamarla a indagatoria (ver nota central). Este comportamiento, según se desprende del dictamen acusatorio, formaría parte de sus códigos habituales.

- La principal acusación contra Tiscornia es por un pedido de coima de cuatro millones de dólares para sobreseer a la empresa española Codere, que explota bingos y juegos de azar en la provincia de Buenos Aires. La compañía, que estaba investigada por el supuesto contrabando de máquinas tragamonedas, denunció en marzo del año pasado el intento de soborno.

La gestión de esa “comisión”, según la investigación del Consejo, la hizo el padre del magistrado, Agustín Tiscornia, quien también fue juez y en 1968 fue removido por coimas. Otro intermediario señalado es el empresario Jorge Barck. El dictamen recuerda que Tiscornia padre ya había sido denunciado como una de las personas que pedían coima en la causa de la Mafia del Oro, algo a lo que su hijo “no pudo resultar ajeno”. También detalla que tiene 1.100.000 dólares depositados en una cuenta en Uruguay.

- Otro punto clave es que en una causa por contrabando transcribió, calcados, los argumentos de los abogados defensores. Párrafos enteros aparecían exactamente iguales, tanto que llegó a escribir “mi defendido” y “mi asistido” en vez de “el imputado”.

La acusación comenzó a ser impulsada el año pasado por el consejero-diputado Carlos Kunkel. Este año, el tema pasó al abogado Santiago Montaña que elaboró la propuesta acusatoria que fue aprobada días atrás, con el compromiso de la kirchnerista Diana Conti de mejorarla. La diputada agregó un ítem sobre irregularidades en la forma de llamar a indagatoria de Tiscornia y un contexto general sobre las múltiples sanciones y advertencias que acumuló en los últimos años. El propio Consejo hizo una auditoría del juzgado y encontró: 129 nulidades declaradas por la Sala B de la Cámara y 71 de la Sala A, una multa del 33 por ciento de su sueldo y varios llamados de atención. Se detectó que Tiscornia pidió 519 prórrogas por no cumplir con plazos procesales. Es la primera vez que una investigación contra este juez llega tan lejos: desde que asumió en 1993 esquivó varias denuncias y en el Congreso fue absuelto por el menemismo.

La suspensión ya tiene las firmas de las kirchneristas Conti, Marcela Losardo y María Laura Leguizamón, el abogado Montaña, el radical Federico Storani y el académico Mariano Candioti. Se sumarán los oficialistas Kunkel y el senador Nicolás Fernández. Estos votos bastan para que Tiscornia vaya a juicio político. Está por verse cómo votan el radical Ernesto Sanz, el presidente del Consejo Pablo Mosca y los jueces.