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Esta misma tarde la presidenta Cristina Fernández presentará el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo en materia de servicios audiovisuales de comunicación, que debería sustituir la norma vigente sobre radiodifusión, aunque con un alcance mucho mayor debido a la complejidad que hoy tiene el campo infocomunicacional. Innecesario resulta destacar la importancia de esta norma, porque se ha reiterado hasta el cansancio por parte de actores políticos, sociales y comunicacionales. En primer lugar porque la inexistencia de un encuadre legal acorde con la relevancia y la importancia del sistema resulta por sí misma fuente de inequidad para todos los que están implicados en ese espacio y, lo que es más, para la propia ciudadanía, que ve limitado su derecho a la comunicación. Porque, vale insistir, el derecho a la comunicación es un derecho ciudadano, está en la base de la condición ciudadana y es esencial al funcionamiento de la democracia.

También porque la norma –cualquiera que finalmente se apruebe– debería garantizar igualdad de posibilidades y oportunidades para ciudadanos, grupos y actores sociales. En el entendido de que la comunicación es un servicio público, la única regla no puede ser el mercado y la “verdad” no puede construirse cimentada en el poder económico concentrado de algunos grupos en el escenario comunicacional ni en la discrecionalidad de los políticos gobernantes. La diversidad de actores e iniciativas en el campo de la comunicación no es algo que se deba discutir, sino una realidad que debe garantizarse desde el Estado, porque es el único que está en condiciones de hacerlo.

Al mismo tiempo, los servicios audiovisuales de comunicación son parte de la industria cultural y de la vida económica del país; son esenciales al desarrollo y la economía. Requieren regulaciones económicas que permitan el funcionamiento del negocio, el avance y la actualización tecnológica. También reglas que impidan monopolios u oligopolios que en nada contribuyen a las mejores condiciones de los servicios ni a la salud democrática ni a preservar los bolsillos de los consumidores que, a no olvidarlo, en primer lugar son ciudadanos con capacidades económicas limitadas. Personas a las que asiste el derecho a la expresión, a la información, a la cultura y al entretenimiento sin tener que verse obligadas a elegir entre falsas opciones carentes de verdadera diversidad y a costa de desembolsar recursos que no tienen.

Por toda esta complejidad y porque hace más de un cuarto de siglo que el tema se viene postergando, sería de esperar que el debate en torno de la iniciativa de ley tenga la altura, la profundidad y la seriedad que requiere. Esto incluye pensar en las cuestiones de fondo, no dejar de hablar de nada pero centrar todo en lo que realmente importa: garantizar el derecho a la comunicación de los ciudadanos. Importante sería que las posiciones que se defiendan tengan más que ver con esta cuestión central y con los intereses legítimos de las partes, dejando al margen los golpes bajos, presiones y chantajes económicos, cortoplacismos y chicanas con reducidos propósitos electorales. Alguien podría preguntarse válidamente si éste es el momento más oportuno para una discusión de este tipo. Aunque la respuesta sea negativa, también se podría argumentar que nunca es el momento adecuado, sobre todo después de tantas postergaciones. Sí es imprescindible que los argentinos y las argentinas demostremos que tenemos madurez para afrontar un debate que es central para el futuro del país. Esta responsabilidad recae con prioridad sobre los dirigentes políticos, los responsables de los grupos y poderes económicos involucrados y los expertos en comunicación. Porque pese a su importancia está claro que este debate no desvela al ciudadano común, seguramente porque tampoco se ha construido políticamente sobre la trascendencia y las consecuencias políticas y económicas de lo que se pretende legislar.

¿Es demasiado ingenuo pedir responsabilidad política y ciudadana en este debate? Seguramente lo es. Pero no hay que dejar de demandarla y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible, desde el lugar al que cada uno le corresponda actuar, para obtener el mejor resultado. ¿Utopía? Quizá. Pero como dice Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. Caminemos sin dejarnos vencer nunca antes de dar las batallas, por más difíciles que éstas aparezcan a primera vista.