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En las sociedades que nos tocan la violación de derechos humanos no es un problema que sólo involucra a los Estados. También pueden hacerlo las corporaciones, entre ellas las empresas de comunicación. En nombre de la libertad de prensa, el periodismo viola derechos de ciudadanos, sobre todo de aquellos que se encuentran desaventajados. Los derechos de niños, mujeres, minorías políticas, sociales o étnicas, los derechos de los jóvenes, las víctimas y victimarios suelen ser sistemáticamente afectados por las coberturas sensacionalistas y urgentes que ensaya el periodismo paraempresarial. Detrás de la violencia de género, la discriminación, el odio racial, la represión y criminalización de la protesta social, la estigmatización y segregación de barrios pobres, la demonización de la juventud suele estar el periodismo. Las noticias que producen menoscaban derechos y crean condiciones (legitiman) para que otras agencias continúen haciéndolo.

Los periodistas vulneran derechos cuando sobreexponen a los niños, manipulan el dolor de las víctimas, etiquetan y prejuzgan a los jóvenes, subestiman y reducen a la mujer a objeto de moda, burla y escándalo; cuando reproducen el mismo punto de vista desautorizando o invisibilizando la perspectiva que tienen otros actores involucrados en el conflicto; cuando la policía se convierte en la única fuente de información; cuando escrachan a los supuestos victimarios. El derecho a la intimidad, al honor y la imagen propia, el derecho a la inocencia y el debido proceso; a la identidad y la recreación; el derecho a la calidad informativa, “el derecho a ser dejado tranquilo” son vulnerados por los modos en que el periodismo organiza sus quehaceres profesionales.

Los periodistas y reporteros gráficos violan los derechos humanos cuando no tienen en cuenta los derechos de los ciudadanos involucrados en los eventos que están relevando. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino relativo, un derecho que hay que pensarlo al lado de otros derechos. La actualización de la libertad de expresión no puede menoscabar otros derechos fundamentales. Uno de los rasgos de los derechos humanos es su integridad. La violación de un derecho supone la violación de otros derechos. No puede justificarse la violación de un derecho (supongamos el derecho a la identidad) para satisfacer otro (libertad de prensa). La libertad de prensa no es un fin que justifique los medios.

Digámoslo claramente: la libertad de expresión no es un fuero, un privilegio de los periodistas, sino un derecho de todos. Los periodistas suelen experimentar la libertad de prensa como una “patente de corso”. Algunos periodistas creen que los constituyentes le dieron un “cheque en blanco” para decir lo que se les canta y que nunca tienen que rendir cuentas por lo que dijeron.

Ahora bien, si no hay que acotar la libertad de expresión a la libertad de prensa, eso quiere decir que la labor periodística no es un problema que incumbe sólo a los periodistas o las empresas que contratan sus servicios. Si en la libertad de expresión está en juego el debate colectivo que necesita cualquier democracia, el modo de contar los hechos no atañe exclusivamente a los periodistas o sus editores responsables. También a nosotros –como ciudadanos– nos interesa cómo se escribe una noticia. Y nos interesa porque el derecho a la libertad de expresión en el siglo XXI, enmarcado en el derecho a la comunicación, abarca el derecho a publicar las ideas y opiniones sin censura previa, pero también el derecho a ser informado, a no ser manipulado o desinformado, y el derecho a no ser molestado cuando otros están informando.

No estamos hablando del contenido, sino de las formas y, sobre todo, de los procedimientos que se activan para contar una noticia. No se trata de decirle al periodista qué tiene que decir, sino cómo decirlo. Pensar entre todos los mecanismos que adecuen la libertad de prensa, al derecho a la intimidad, el derecho a la personalidad, a la imagen propia, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la identidad, a los derechos del niño, de la mujeres, etcétera.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el punto de partida para la democratización de los medios, pero sólo el punto de partida. Así como la desmonopolización no garantiza el pluralismo (aunque crea indudables y mejores condiciones), tampoco determina un buen quehacer informativo con responsabilidad social. El periodismo comprometido con valores sociales democráticos y respetuosos de los derechos humanos sigue siendo una tarea pendiente, un debate que nos incluye a todas y todos.

* Profesor de Derecho a la Información UNQ, autor de Contra la prensa y Justicia mediática.