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La democratización de la Justicia debe incluir mecanismos para que sea efectiva la responsabilidad funcional y económica de jueces y fiscales cuando, con decisiones contrarias a derecho, dañan la libertad, integridad y bienes de los ciudadanos.

El caso de las hermanas Marina y Ailén Jara, privadas de libertad desde hace dos años por defenderse de una persona que intentaba violar a una de ellas, es un ejemplo emblemático de la imperiosa necesidad de democratización de la administración de justicia en la Argentina. Un sujeto con antecedentes violentos, sospechado además de otros abusos sexuales y de tener cobertura policial, para la Justicia de la provincia de Buenos Aires es más creíble que sus víctimas, dos hermanas de 18 y 19 años que se defendieron de una agresión ilegítima.

El caso ha generado alarma en organizaciones sociales, de derechos humanos y defensoras de los derechos de género. No es para menos: según datos difundidos por referentes que conocen el caso, el agresor, Juan Antonio Leguizamón, vecino de las chicas, estaba obsesionado con Ailén. La acosaba sexualmente, haciendo ostentación de su condición de “pesado con protección”. Ailén no tenía interés en mantener una relación con él. Pese a eso, Leguizamón la siguió, armado, a la salida de un boliche, cuando ella iba con su hermana Marina. Efectuó disparos al aire, se tiró encima de Ailén, la golpeó, intentó desvestirla, y en esa situación Marina sacó de su cartera un cuchillo para untar y defendió a su hermana provocándole al agresor unas lesiones que lo hicieron desistir de su intento. El tipo fue a la comisaría y denunció que Marina y Ailén le habían disparado con un arma. La “investigación” policial no promovió averiguación por el intento de violación que las chicas denunciaron, pero sí se inició sumario por intento de homicidio de Leguizamón. El agresor quedó libre e incausado, y las dos chicas detenidas imputadas de un grave delito. El era la víctima, Marina y Ailén las delincuentes. Pero lo más grave es que quien se supone destinado a aplicar el derecho, a corregir errores y oficiar de última ratio en protección de los derechos, el Poder Judicial, aparece como la gran madre perversa que en vez de sanar y corregir el intento de abuso, lo convalida y legitima. Sanciona a la víctima y premia al agresor. La pérdida de la última de las esperanzas. Como nos enseñara Freud, es la imagen perfecta de lo siniestro.

El caso, en derecho penal, se presenta como justificado: hubo agresión ilegítima previa por parte del atacante, medio racional usado por Marina para defender a su hermana, un cuchillo para untar frente a un arma de fuego lo es, inclusive de inferior potencialidad, y no existió provocación alguna previa por parte de las chicas (Art. 34 incisos 6º y 7º del Código Penal). Si el caso es así, como todo parece indicarlo, debió dictarse de inmediato un sobreseimiento de oficio. Pero a pesar de los indicios, todo argumento les fue rechazado, todo pedido de excarcelación les fue denegado, inclusive de morigeración de la prisión. Están presas en una cárcel desde hace dos años, en donde además fueron torturadas (la tortura no es solamente aplicar picana o asfixiar a alguien atado, los golpes también lo son). Todo debería apuntar a que Marina y Ailén resulten absueltas en el “juicio justo” que lleva el Tribunal Oral Criminal 2 de Mercedes, que también rechazó sus libertades provisorias. Lo que sigue es un aporte, una propuesta para incluir en el debate sobre la imperiosa democratización de la Justicia. Un periodista le preguntó a Isidro Encina, abogado defensor particular de Marina y Ailén, si sus defendidas resultan absueltas, quién pagará los daños que sufrieron, los dos años de injusta prisión. Encina dijo: “El Estado”. Es cierto, el Estado pagará una suma seguramente cuantiosa por indemnización de daños y perjuicios a las dos verdaderas víctimas, por haberlas encerrado y maltratado injustamente durante dos años. El dinero saldrá del erario, de los presupuestos de la provincia de Buenos Aires y probablemente de la Nación. Recursos que se conforman con los impuestos que todos pagamos y que se sustraerán de los fondos que el Gobierno dispone para prestar el conjunto de servicios públicos. El estropicio cometido por el fiscal de primera instancia, por el juez llamado “de garantías” y por el tribunal de juicio, que aceptaron livianamente el impresentable sumario armado por una deficiente instrucción policial, no lo pagarán ellos, sino todos los ciudadanos a través del Estado. Así son las cosas normalmente en nuestro país. Los jueces son impunes de sus arbitrariedades. Son innumerables los juicios contra el Estado por hechos ilícitos e irresponsabilidades funcionales cometidos por sus agentes, policiales, penitenciarios y judiciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está repleta de demandas provenientes de la Argentina por casos similares a los de Marina y Ailén. Es cierto que nuestro derecho ya prevé la responsabilidad directa de todo funcionario público por los daños e ilícitos que pudiera cometer en su función, incluidos los jueces. Hay inclusive interesantes trabajos jurídicos al respecto, por ejemplo el de Guido Santiago Tawil: “La responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la administración de justicia” (Depalma, 1993). Pero ese trabajo es tan desconocido en el fuero como algún caso que se recuerde de algún magistrado al que se lo haya hecho alguna vez responsable por algún daño ocasionado con su mal funcionamiento.

Cualquier reforma que apunte a democratizar el Poder Judicial y la administración de justicia debe prever, como uno de sus necesarios capítulos, incorporar mecanismos eficaces para que la responsabilidad directa de fiscales y magistrados derivada de sus malas praxis sea una realidad tangible, demostrativa de que esos funcionarios son iguales a cualquier otro funcionario del Estado y no miembros de alguna nobleza medieval, o de una corporación intocable con derecho a producir daños impunemente. Cuando esto sea así, no tengo dudas de que las decisiones judiciales comenzarán a ser mucho más serias, cuidadosas y por lo tanto democráticas.

* Abogado. Asesor de la Secretaría de Derechos Humanos.