El Gobierno prevé tener listo para principios de octubre el nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC-Nacional), que reemplazará al cuestionado IPC-GBA no sólo como principal indicador de la evolución de los precios, sino también para valorizar las canastas de bienes que definen el nivel de pobreza e indigencia. Así lo manifestó a Página/12 el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, quien encabezó, junto a la titular del organismo, Ana María Edwin, una jornada de trabajo con dieciséis universidades nacionales de todo el país (ver aparte) que colaborarán, junto a las direcciones provinciales de Estadística, en la recolección y el procesamiento de los datos que serán utilizados para el nuevo índice.

El operativo del IPC-Nacional guarda relación con la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Gobierno resuelva el grave problema que existe alrededor de la actual medición sobre la evolución de los precios al consumidor. El Indec recibió varias visitas de misiones con técnicos del organismo. A pesar de ello, a principios de febrero el Fondo emitió una declaración de censura contra la Argentina y otorgó un plazo de ocho meses para que el Gobierno aplique medidas correctivas, tiempo que coincide con la puesta a punto prevista para el IPC-Nacional.

El conflicto con el FMI supera la cuestión de las estadísticas, ya que responde a las medidas económicas que el Gobierno, a contramano de las usuales recetas neoliberales, ha aplicado en los últimos años, tales como la expansión fiscal, estatizaciones y no salir a tomar deuda externa en forma compulsiva. Ese conflicto no quita, sin embargo, que Argentina tenga un serio déficit en sus estadísticas, que se refleja en que el actual IPC sea cuestionado tanto por los sectores populares como desde el ámbito académico y por parte del empresariado y que no se considere para negociar salarios, analizar actualizaciones impositivas y de contratos o evaluar subas en la AUH o de las jubilaciones y pensiones. Edwin consideró que las críticas al Indec responden al interés del capital financiero que recibe, por los bonos atados al CER, un pago mayor si la inflación oficial sube.

El Indec ayer organizó una jornada de trabajo con dieciséis universidades de todo el país para diagramar el trabajo en conjunto sobre el nuevo IPC-Nacional. Edwin indicó que esa vinculación “resulta importante porque los procesos de transformación se dan a partir de lo que acontece en los territorios, que son los que mejor pueden dar cuenta de lo que se vive en ellos”. Aseguró que el de ayer fue el primero de una serie de encuentros previstos, a los que se irán sumando más casas de altos estudios.

“Estamos muy satisfechos por esta reunión. Es un acontecimiento institucional muy importante”, señaló el representante del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Enrique Zuleta Puceiro. La Facultad de Ingeniería de la UBA, por ejemplo, podría analizar la calidad del procesamiento de datos del índice, mientras que la Universidad de La Matanza diseñaría el software para que los encuestadores tomen precios en tablets, ya que está previsto que esa herramienta reemplace los formularios en papel. A la vez, en núcleos urbanos alejados de las capitales, donde trabajan las direcciones provinciales, las universidades pueden aportar encuestadores.

El IPC-Nacional se va a publicar en forma mensual y utilizará una canasta de bienes y servicios fija y no continua, tal como hace el actual índice. Las provincias decidirán si continúan publicando sus índices propios, pero el Indec sí reemplazará al IPC-GBA. Además de convertirse en la principal referencia en materia de evolución de precios, va a utilizarse para valorizar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), que determinan el ingreso mínimo de un hogar para no caer en la indigencia y pobreza, respectivamente. El nuevo índice no afectará la medición del PBI, ya que sólo el 3 por ciento del indicador, la porción referida al sector financiero, requiere ser deflactado para conocer cambios en las cantidades.