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“La ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno”, dijo el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, hace un par de semanas. Y agregó que “la norma fue creada para aniquilar a medios de comunicación, como por ejemplo al Grupo Clarín, y también a otros, como Cadena 3, con los que el Gobierno no estaba de acuerdo”. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) –y no “de medios” porque no incluye medios gráficos– hoy suspendida por la intervención, el desalojo y la clausura judicial de su autoridad de aplicación, tuvo un período de incubación de 26 años y no puede decirse que su gestación haya estado marcada por la búsqueda de “aniquilación” –término poco feliz, pero que no sorprende en boca de Aguad– de ningún grupo mediático. Puede tal vez cuestionarse su aplicación, pero eso no nos habla de la letra de la legislación más discutida de la historia argentina.

En abril de 1984 el presidente Raúl Alfonsín dictó el decreto 1151/84, suspendió la adjudicación de cualquier licencia hasta la aprobación de una nueva ley de radiodifusión de la democracia e intervino el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), la autoridad creada por el decreto de la dictadura cívico militar 22.285/80. A partir de allí todos los gobiernos tuvieron sus propuestas para una nueva norma y sus respectivos interventores. Para la llegada de una ley de la democracia y el destierro de la figura del interventor hubo que esperar más de un cuarto de siglo y 70 proyectos de ley que no llegaron ni siquiera a tratarse. Era más fácil reformar la Constitución Nacional que aprobar una nueva ley de radiodifusión.

En mayo de 2004 un grupo de militantes de medios comunitarios, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, de universidades, de referentes de medios públicos y otros de diversas extracciones políticas pusieron en común la preocupación por la necesidad de que hubiera una regulación democrática de la radiodifusión. Se trataba de un tema sin visibilidad y con escasa problematización social.

Para hacerlo más asible se buscaron acuerdos y se organizaron los subtemas en puntos que empezaron siendo 20 y terminaron siendo 21, número que coincidía con los años desde el retorno a la democracia. Ese grupo que llegó a agrupar más de 300 organizaciones se autodenominó Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD) y sus 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación se convirtieron en una bandera. El 27 de agosto de 2004 se presentaron en sociedad desde Radio Nacional, unos días más tarde el 2 de diciembre se repitió la experiencia transmitiendo desde las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

La demanda y la militancia por una nueva ley democrática de radiodifusión no nacieron con la CRD, pero allí tomó forma una herramienta de la sociedad civil que demostró tener alta capacidad de incidencia. Sin embargo, en 2004 no era un asunto prioritario en la agenda gubernamental. En mayo de 2005 Néstor Kirchner firmó el decreto 527/05 que suspendió la contabilidad de los plazos de las licencias vigentes por 10 años y significó un golpe duro para la Coalición, también la fusión Cablevisión con Multicanal en 2007. Aun así la iniciativa ciudadana por una radiodifusión democrática continuó su labor, creció en cantidad de organizaciones y lentamente en su influencia.

En abril de 2008, al inicio del primer período de gobierno de Cristina Fernández y en el contexto del conflicto por las retenciones agropecuarias, comenzó a tomar relevancia la cuestión de la regulación de los medios audiovisuales y la Presidenta se comprometió a tratar la cuestión. Independientemente de cuáles fueran las intenciones que motivaron su puesta en agenda, el proyecto de ley presentado el 18 de marzo de 2009 fue fiel a los 21 puntos de la CRD y se sometió a discusión en 24 foros en todo el país, más una decena de audiencias públicas y sesiones de comisiones parlamentarias. Tras el debate se recibieron más de 1200 aportes con modificaciones –buena parte de ellos registrados en las notas al pie con nombre y apellido– y tomó forma el proyecto final elevado al Congreso el 27 de agosto de 2009. La elaboración de una norma con la mayor participación social y búsqueda de consenso que se tenga memoria.

El resto es historia conocida. El Grupo Clarín presentó su primera demanda –rechazada– entre la votación de diputados y la de senadores. Lo intentaría nuevamente con éxito a los pocos días de promulgada la norma iniciando así la estrategia de judicialización permanente para impedir la aplicación. En abril de 2010 la Coalición, que luego pasó a llamarse “por una Comunicación Democrática”, reclamaba al Poder Judicial el pronto tratamiento de las demandas presentadas con la consigna “Defender la democracia es defender sus leyes”. Una consigna que, sin dudas, debemos retomar hoy.

* Docente e investigador. Director de la Carrera de Comunicación de la UBA.